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Zaragoza   jueves, 29 de junio de 2017
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Historia del Procurador

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El Procurador en la España Democrática



    





     

V-El Procurador en la España Democrática


    Tras la aprobación de nuestra Carta Magna de 1978, se inicia un nuevo periodo en la vida nacional al que no podían ser ajenos los procuradores. Con anterioridad habían cambiado su denominación los dos órganos representativos más importantes de la clase, caso de la Junta Nacional, que pasa a designarse Consejo General de Procuradores (20 de mayo de 1977), y de la Mutualidad de Previsión de los Procuradores, actual Mutualidad de Previsión Social de Procuradores (30 de enero de 1993). Pero sin duda no serán éstas las modificaciones más significativas. De mucho mayor calado es la redacción de un nuevo Estatuto General, según Real Decreto de 30 de julio de 1982, y que tras derogar el anterior de 1947 se halla actualmente en vigor. En los grandes temas que hemos venido analizando los cambios no son en absoluto revolucionarios y, de hecho, se mantienen las grandes coordenadas que rigen en la profesión, caso de la ilimitación de número, siguiendo la doctrina que ve a la procura como partícipe de las características propias de toda profesión liberal, o la relativa a la necesidad de depositar una fianza en el momento de acceder a la colegiación, por otra parte obligada (art. 21). Fianza que se mantiene en las mismas cantidades que las establecidas en el anterior Estatuto salvo en caso de los Juzgados, al desaparecer las distinciones entre los mismos, si bien los límites con que se regula su aplicación son más abiertos que los marcados en 1947, pues "responde de los gastos judiciales devengados en el ejercicio de la profesión, así como de los demás conceptos establecidos por las Leyes". El título V del Estatuto regula el funcionamiento de la Mutualidad de Previsión de los Procuradores, siendo obligada la inscripción en la misma para quienes deseen ejercer la procura (art. 74), así como a adherir en sus escritos una póliza según la cuantía establecida (art. 75). En cuanto a las novedades del Estatuto, afectan a la exigencia universal del título de Licenciado en Derecho (art. 5), sin distinción del lugar en que se vaya a ejercer, sea o no sede de Audiencia, eliminándose de paso la obligatoriedad de superar cualquier tipo de examen.

El Estatuto General de 1982 establece en el título II, capítulo IV "De los derechos", el relativo a las retribuciones pecuniarias (arts. 15.2, 17, 18, y 19), manteniéndose la prohibición de la cuota litis (art. 17). En relación con esta materia, decir que por esas fechas se halla en estudio un proyecto de aranceles para actualizar en su cuantía la remuneración de los procuradores, que dará lugar a la aprobación, por Real Decreto de 19 de junio de 1985, del Arancel de Derechos de los Procuradores de los Tribunales. Tras un corto periodo se plantea su modificación, en gran parte debida a los cambios habidos con motivo de las reformas sufridas por la organización judicial. Será el Consejo General de Procuradores el encargado de constituir una comisión para la elaboración del nuevo proyecto, que tras el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, es aprobado mediante Real Decreto de 22 de julio de 1991. En su única disposición adicional "se autoriza al Ministro de Justicia a revisar, por orden, las cuantías fijas de derechos establecidos en el Arancel, previa audiencia del Consejo General de Colegios de Procuradores de los Tribunales, a fin de adaptarlos a las variaciones del índice de precios al consumo". Actualización que llegará por Orden de 17 de mayo de 1994, y que vino a completar los aranceles profesionales, estructurados en seis títulos dedicados respectivamente al orden civil, penal, contencioso-administrativo, y social, así como al Tribunal Constitucional, para finalizar con una serie de disposiciones generales. Estos aranceles contemplan las distintas jurisdicciones, tal y como se refleja en su último artículo: "el presente arancel regula los derechos devengados por los Procuradores en toda clase de asuntos judiciales y ante las Administraciones públicas, quedando excluidos del mismo los que correspondan al Procurador por los demás trabajos y gestiones que practique en función de lo dispuesto en los artículos 1.709 y 1.544 del Código Civil" (art. 102). Queda así el capítulo retributivo debidamente actualizado, y su formulación es lo suficientemente generosa para que se eviten situaciones como las vividas en el pasado, con aranceles que jamás contemplaron en su conjunto las divisiones judiciales, y por eso mismo siempre incompletos, a lo que hay que añadir un proverbial anacronismo que dejaba indefensos en el terreno retributivo a los profesionales cuyos derechos debía defender.

En lo que hace referencia a textos legales de carácter genérico pero con directas repercusiones sobre la figura del procurador, hay que señalar que el deseo de renovar viejas disposiciones jurídicas que aún mantenían su vigor legal, llevó al legislador a promulgar nuevas leyes que sustituyeran textos anteriores. Es el caso de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tras entrar en vigor el 1 de septiembre de 1984, derogaba la anterior de 3 de febrero de 1881, así como el de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985, que vino a derogar la de 1870. En la Ley de Enjuiciamiento Civil se regula la postulación a través de la división de funciones de representación (procurador), y defensa (abogado), estableciéndose como obligatoria salvo en casos excepcionales la intervención de ambos, y declarándose incompatible el ejercicio simultáneo de dichas actividades . En el Libro primero, título primero, sección primera "De los litigantes, Procuradores y Abogados", artículos 2 al 12, se declara que "la comparecencia en juicio será por medio de Procurador legalmente habilitado para funcionar en el Juzgado o Tribunal que conozca de los autos, y con poder declarado bastante por un Letrado. El poder se acompañará precisamente con el primer escrito, al que no se dará curso sin este requisito, aunque contenga la protesta de presentarlo" (art. 3). Las excepciones a la regla, es decir, a la obligada intervención del procurador, se expondrán en el artículo 4, regulándose el cese de la representación en el artículo 9. Vemos como la obligatoriedad de la representación en juicio mediante procurador se constituye como regla de aplicación general, siguiendo la pauta iniciada con la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, y continuada con la de 1881 y disposiciones posteriores.

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985, y en lo que respecta a los procuradores, "vino a establecer la exclusiva de los Procuradores en la representación de las partes en todo tipo de procesos como norma general". En el Libro V, título II "De los Abogados y Procuradores", artículos 436 al 442, se legisla la figura de estos últimos, otorgándoles la categoría de personas que cooperan con la administración de Justicia. El artículo 438.1 establece que "corresponde exclusivamente a los Procuradores la representación de las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la Ley autorice otra cosa". El término "representación" aplicado en el contexto de la citada Ley, adquiere su máximo valor si recordamos la doble vertiente de que se inviste la función del procurador; de un lado conectada al cliente y por tanto dotada de un matiz privado, y de otra relacionada con el abogado y por ello con una dimensión de carácter público, al unirse a éste en la consagración del derecho a la defensa. Una doble disposición que debemos circunscribir en todo momento dentro del ámbito en que se resuelve la identidad del procurador, cual es su relación "con" el proceso, y más allá, su intervención "dentro" del proceso, ya que no es posible buscar la representación fuera de la intervención procesal. Reseñar por último que la Ley recoge el derecho a la defensa gratuita, artículo 20.1, "la Justicia será gratuita en los supuestos que establezca la ley", concepto presente ya en la Constitución de 1978 (art. 119). Un derecho que ha motivado la aparición de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, de 10 de enero de 1996, y que regula desde el 12 de julio de ese mismo año la prestación del beneficio de Justicia gratuita.

Finaliza aquí un recorrido en el que hemos acompañado a los procuradores a lo largo de su dilatada e intensa historia. Como colofón resaltar la fuerza y el arraigo que en la actualidad han alcanzado estos profesionales del Derecho, tal y como lo demuestra su grado de relevancia en el desarrollo procesal, su masiva extensión por todo el país, o el alto nivel técnico alcanzado en sus actuaciones. Saber en cualquier caso, que es su pasado espejo lo suficientemente grande para que se reflejen en él los éxitos de su futuro.


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