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Zaragoza   jueves, 19 de octubre de 2017
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Historia del Procurador

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Detalle de una foto de la Asamblea General de 1890



    





     

IV-La Junta Nacional y El Estatuto General de los Procuradores


    Los últimos años del siglo XIX y el XX en sus albores vienen marcados por dos ideas que aglutinarán en gran medida los esfuerzos de los procuradores españoles. Se trata del establecimiento de unos aranceles que adecuen al momento presente las percepciones económicas de los profesionales, y de la reglamentación del acceso a la profesión. A consecuencia de lo anterior y bajo su influencia, se producirá un movimiento de carácter asociativo a nivel nacional al descubrirse la necesaria convergencia de esfuerzos en la búsqueda de esos objetivos comunes. Asociacionismo que se plasmará en unas primeras Asambleas Generales que desembocarán en una Junta Nacional, en el seno de la cual tomará cuerpo el primer Estatuto General de los Procuradores.

En lo que respecta a los aranceles, los últimos datan de 1883 (para la jurisdicción criminal hay que remontarse a 1873), lo cual supone que a comienzos de siglo se arrastra un atraso de al menos dos décadas en la fijación de las retribuciones económicas que debe percibir el procurador por su labor profesional. Se inicia entonces un periodo de movilizaciones con la vista puesta en la reforma arancelaria, que tendrá su primer hito en el Real Decreto de 26 de diciembre de 1907 para la Justicia municipal, y proseguirá su andadura con el Real Decreto de 6 de noviembre de 1911, que aprueba el arancel en asuntos civiles ante los tribunales, juzgados municipales y juzgados de primera instancia. Sin resolver del todo el problema, ya que para ciertas actuaciones seguían vigentes tanto los aranceles de 1873 como los de 1883, estas nuevas tablas supusieron un paso de singular importancia en la materia, ya que "en primer lugar, se trataba del primer arancel específico para procuradores, desgajado de un arancel judicial común para todos los curiales, como hasta entonces se habían regulado sus derechos. En segundo lugar, es de resaltar su extensión, nada menos que 121 artículos, 11 disposiciones generales y una disposición transitoria. ...En tercer lugar, y no por ello menos importante, se trataba del primer arancel en el que los derechos procuratoriales nacían de una combinación de cantidades fijas por diligencias con tarifas y tantos por cien en función de las cuantías y tipos de procedimientos." Incluso reconociendo su importancia, era este un arancel que nacía condenado a un vida por demás efímera, ya que dejaba sin tratar campos en los que era necesaria la reforma. Por ello, los procuradores de toda España a través de sus colegios, presionaron hasta conseguir del Ministerio de Gracia y Justicia la formación de una comisión arancelaria, Real Orden de 7 de julio de 1914, que desembocó en un Real Decreto de 13 de noviembre de 1916 que daba luz a un nuevo arancel para procuradores y secretarios judiciales, aplicable en asuntos civiles a los juzgados de primera instancia y juzgados y tribunales municipales, dejando fuera al resto de jurisdicciones, con lo que el legislador volvía a quedar corto en su intento de reforma definitiva. De nuevo la Comisión Ejecutiva de los Procuradores de España, órgano creado por la Asamblea de Procuradores de 1914, encabezada por el decano del Colegio de Madrid, Luis Soto Hernández, volvió a presionar al Ministerio en el sentido de ampliar la cobertura de los aranceles al conjunto de jurisdicciones que hasta el momento quedaban sin contemplar, caso de los recién creados Tribunales Industriales. Fruto de esos esfuerzos fueron el Real Decreto de 19 de abril de 1920 con el arancel de los derechos de los procuradores en asuntos ante los Tribunales Industriales, y posteriormente el Real Decreto de 13 de agosto de 1920 que autorizaba en tanto en cuanto no se estableciera una tabla arancelaria de carácter general, un aumento porcentual de sus retribuciones en la vía civil. Pero todo el camino adelantado se vio truncado con el Real Decreto-Ley de 7 de enero de 1929, motivado por el celo presupuestario del Gobierno del momento, que derogaba el anterior arancel de 1920 y dejaba a los procuradores con unas tablas de percepciones notoriamente anticuadas.

Hemos visto como las dificultades económicas por las que pasaba la clase, enfrascada en una lucha por la mejora de sus retribuciones que hallaba escaso eco en el Gobierno debido a la mala situación del país, promovieron las ideas asociacionistas. Otro tanto ocurrirá con el siempre espinoso asunto del acceso al ejercicio profesional. Surgen así las Asambleas Generales de Procuradores, las tres primeras celebradas en Madrid en los años 1890, 1904, y 1914, y la cuarta y última en Barcelona en 1922. Es en la tercera de ellas (Madrid, 1914), donde con mayor fuerza se abordó el tema de la limitación del número de procuradores, medida de corte proteccionista que pretendía evitar un exceso de competencia entre éstos a causa del elevado número de profesionales ejercientes, pero que no fue atendida por el legislador para quien prevaleció la idea de que fuese la libre competencia y la dialéctica entre oferta y demanda la que dominase, amparando su decisión en la negativa a acotar el campo de elección de los litigantes así como a perjudicar derechos ya adquiridos.

Es de nuevo el debate en torno al numerus clausus centro de atención, si bien y en estricta justicia deberá reconocerse que nunca había dejado de serlo. Desde una perspectiva puramente diacrónica, hay que recordar que la ilimitación en el ejercicio de la procura es la excepción y no la regla, ya que desde la Edad Media hasta los comienzos del siglo XX, la regulación del número de procuradores había sido lo habitual. Es decir, que de en un periodo superior a los seis siglos, si tomamos como punto de partida el siglo XIII en atención a que fue entonces cuando se consolidó el concepto de procura, tan sólo las últimas décadas, y más concretamente a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, se vieron libres de mecanismos que prefijaran el número de procuradores ejercientes. Sin embargo, desde una perspectiva sincrónica, esto es, teniendo presente el puntual momento histórico en el cual nos hallamos, la desregularización era tendencia constante en otros muchos campos de la vida social española, tendencia bajo la que latía la idea liberalizadora de primar los intereses generales antes que los particulares de clase o gremio. En lucha contra ese sustrato ideológico era difícil que los procuradores consiguieran sacar adelante sus intereses, aunque no por ello cejaron en el intento.

Y así, en la consecución de ese objetivo, se convocó en 1922 una nueva Asamblea de Procuradores en Barcelona, que fracasó tal y como le había ocurrido a la anterior. Idéntica suerte tuvo un posterior intento, a comienzos de 1929. Sin embargo, no todo iban a ser contratiempos. El 19 de abril de 1920 se publicó un Real Decreto que aumentaba las fianzas, lo cual suponía elevar de hecho el listón exigido para entrar a formar parte de la profesión, si bien fuese por vía pecuniaria. Para que la medida no afectara a los ya ejercientes se "excluía del aumento de fianza a los Procuradores en ejercicio, y a los que a la fecha de su publicación tuvieran iniciados los expedientes de aprobación de la fianza constituida". Pero la victoria sonrió a los procuradores el 23 de agosto de 1934, al publicarse un Decreto que volvía a limitar el número de procuradores al reconocer que el exceso de profesionales complicaba e incluso en ocasiones llegaba a estorbar el buen funcionamiento de los tribunales, "por lo que el poder público debía adoptar precauciones y fijar normas que previnieran y evitaran luchas y competencias que la cantidad cada vez menor de asuntos judiciales y las tendencias a restringir la obligatoria intervención del procurador hacían más agudas y frecuentes". Se formaba un registro de aspirantes, siendo necesaria la titulación en Derecho para poder inscribirse en él. Dicho registro funcionaba como lista de espera en caso de producirse una vacante, siempre y cuando no se excediera del número de ejercientes autorizado, en cuyo caso la plaza era amortizada. Se cerraba así el breve periodo que va del año 1870 al 1934, en el que no había sido efectiva la regulación mediante numerus clausus, si bien la solución tomada no lo era sino a consecuencia de los críticos tiempos que corrían. La regresión en materia arancelaria provocada por el ya mencionado Real Decreto-Ley del año 1929, que imposibilitaba el aumento de los ingresos obtenidos por el ejercicio profesional, hacía obligatorio ajustar el reparto de beneficios mediante la mengua del número de perceptores de los mismos. La filosofía es por demás sencilla; a menor volumen de ingresos, menor número de individuos entre quienes repartirlos.

Si la II República había establecido una medida de corte proteccionista al recuperar la limitación de número, traía consigo otra que con el transcurrir de los años se descubriría de gran importancia para la profesión. Nos referimos al levantamiento de la prohibición, presente desde las Partidas, de que la mujer pudiese ejercer la representación en juicio. Medida de la que hay que culpar a los sistemas socioculturales que han regido buena parte de nuestra historia y que buscaban apartar a la mujer de la vida social activa, antes que a cualquier otra consideración sobre la mujer y sus capacidades. Basado en el principio de igualdad entre los sexos declarado en la Constitución de 1931, el Decreto de 6 de mayo de 1933 abolía la prohibición. A partir de ese momento, si bien al principio de forma tímida, la incorporación de la mujer a la profesión ha sido un factor de gran relevancia para ésta, hasta constatarse el hecho de que en nuestros días su presencia es ya mayoritaria.

En el repaso de los problemas con que se enfrentaban los procuradores durante el primer tercio del siglo XX, se ha descubierto la importancia del movimiento asociativo de clase, que iniciado durante la Edad Media con la aparición de los primeros Colegios, tendrá su colofón en la reunión de todos los procuradores españoles en una única asociación profesional. Pasos previos fueron las Asambleas de Procuradores, la primera de ellas celebrada en Madrid en 1890 y la última en Barcelona en 1922. En ellas se elegía a una Comisión Ejecutiva de Acuerdos de Asambleas de Procuradores, que actuaba como órgano encargado de ejecutar los acuerdos tomados en Asamblea y cuantos otros considerara de interés. Tras unos años forzosamente estériles dominados por la contienda civil, era llegado el momento de instituir un órgano de carácter nacional que aglutinase a todos los Colegios existentes en el país, y cuya misión principal no podía ser otra que la representación de los procuradores y la defensa de sus intereses. Se vio colmada así una de las máximas aspiraciones de la clase, al crearse por Decreto de 23 de septiembre de 1943, la Junta Nacional de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales, "con la misión de representar a la profesión con carácter nacional, y 'proponer al Ministerio... cuantas (normas) estimen necesarias para el mejor ejercicio de la profesión' ". Sus normas de funcionamiento fueron dictadas por Orden de 29 de diciembre de 1943, siendo Manuel Martín-Veña su primer presidente.

La importancia del nuevo órgano representativo se haría evidente con prontitud. Así, de entre las primeras inquietudes que acompañaron a la recién creada Junta Nacional, destaca el proyecto de un código jurídico que regulase la figura del procurador de forma autónoma, desgajada ésta del resto de los personajes que componen el funcionamiento de la administración de Justicia. Iniciativa que culminó con la aprobación por Decreto de 19 de diciembre de 1947, del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales, primer texto jurídico-legal dedicado exclusivamente a la regulación de la procura. En él se trataban todos los temas que afectan a la profesión: aranceles, fórmulas de acceso, régimen de incompatibilidades, fianzas, ejercicio profesional, previsión, etc.

De todos ellos, dos son los que por su relevancia se deben destacar. El primero hace referencia al tan manido asunto de los numerus clausus, que tras su recuperación en 1934 volvían a ser derogados amparándose en el precepto de que la procura, como profesión libre, no podía basarse en un sistema de limitación forzosa de sus miembros. En su primer artículo, el Estatuto General de 1947 establece que "la procuraduría es una profesión libre que podrán ejercer, sin limitación de número, cuantos reuniendo las condiciones exigidas en este Estatuto, soliciten y obtengan su incorporación a un Colegio de Procuradores". En verdad que la limitación no tenía razón de ser, máxime cuando las anteriores disposiciones al respecto controlaban el número en grandes y medianas poblaciones pero dejaban sin atender a las más pequeñas. En cualquier caso, la filosofía emanada del Estatuto es la que sin modificaciones substanciales se ha mantenido vigente hasta nuestros días. En lo referente a la titulación exigida, se mantenía la de Licenciado en Derecho, según el Decreto de 1934, pero sólo en caso de que la profesión se ejercitase en capitales de provincia, bastando para el resto de poblaciones el título de bachiller y la superación del correspondiente examen. Por último, reseñar que con el objetivo de paliar los efectos negativos que la liberalización de número pudiera acarrear en las percepciones de los procuradores, el mismo Estatuto declaraba un considerable aumento del importe de las fianzas, con lo que de nuevo se establecía la razón crematística como valladar ante un hipotético flujo masivo de pretendientes a la procura.

El segundo gran aspecto que el Estatuto de 1947 ponía sobre el tapete era el de la previsión. Si bien es cierto que desde tiempos inmemoriales los diversos Colegios habían establecido sistemas de montepío para sus miembros, y que desde finales del siglo XIX era constante la inquietud por ampliar tales fórmulas de previsión a ámbitos de alcance nacional, también lo es que hasta ese momento los resultados no podían en modo alguno calificarse de halagüeños. De ahí la importancia de la creación de la Mutualidad de Previsión de los Procuradores de España, cuyo reglamento se aprobó por Orden de 15 de marzo de 1948, posteriormente modificado por Orden de 24 de junio de 1953. La Mutualidad, de obligada adscripción para todo procurador, se conformó como organismo dependiente de la Junta Nacional, y así lo demuestra el hecho de que el presidente de ésta lo fuera automáticamente de aquella.

Hay que reseñar que con la aparición de la Junta Nacional se cierra un capítulo cuya estela hemos venido siguiendo a lo largo del tiempo. Se iniciaba en la Edad Media con el despertar de una conciencia de clase en función de la pertenencia a un colectivo profesional específico, lo que desembocaba en la fundación de los primeros Colegios; hallaba continuidad en las cada vez más numerosas reglamentaciones de la profesión dictadas durante el Antiguo Régimen; en las Asambleas de Procuradores de 1890, 1904, 1914, y 1922; para finalizar con la creación de la mencionada Junta Nacional y, traída de su mano, de la Mutualidad de Previsión de los Procuradores de España. Un largo camino en la lucha por el fortalecimiento de la clase, que acababa así coronada por el éxito.

En la etapa que nos ocupa deberán resolverse todavía ciertos problemas que acucian a los profesionales, siendo el más destacado el relativo a los aranceles. Tras el paso atrás del año 1929, con la recuperación de viejos aranceles que se consideraban ya superados, la nueva ilimitación de número decretada en el Estatuto de 1947 colocará a los procuradores en una difícil tesitura económica ante el previsible aumento de la competencia profesional. En consecuencia, un año más tarde se creará una comisión arancelaria cuyos trabajos darán lugar a los nuevos Aranceles Judiciales, publicados según Decreto de 19 de octubre de 1951, y "que en lo incumbente a los procuradores, derogaba las rancias y arcaicas disposiciones remuneratorias del viejo arancel de 1883 y las del ya superado arancel de 1916". En lo relativo a Justicia municipal y jurisdicción criminal, hubo que esperar al Decreto de 10 de junio de 1965 que "expresamente derogaba los anteriores aranceles de 1916 de actuaciones municipales, y de 1873 para las criminales". Ante tales anacronismos es fácilmente justificable la insistencia de los procuradores en el tema arancelario.

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