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Zaragoza   jueves, 29 de junio de 2017
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Historia del Procurador

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Detalle de los primeros Manuscritos



    





     

III-La Reforma Judicial: La Ley Organica del Poder Judicial de 1870


     Con el inicio del siglo XVIII los Borbones pasan a ser la dinastía reinante en España, lo cual supone la clausura del sistema político-administrativo instaurado por los Austrias. En 1707 Felipe V establece los primeros decretos que derogaban los derechos de los distintos reinos españoles, y a partir de ese instante el sistema jurídico-administrativo castellano servirá de obligada referencia al conjunto de los territorios de la Corona. Valga como ejemplo de esa unificación en los procedimientos administrativos la creación en el reino de Aragón de una nueva Audiencia, que actuará según los usos de Castilla y con idéntico rango a las Chancillerías de Valladolid y Granada. En cuanto a las repercusiones directas que la centralización tuvo para los procuradores, podemos significar la que hace referencia a los aranceles judiciales, cuya aplicación uniforme a todo el territorio nacional será efectiva a partir del 25 de junio de 1782. Otro tanto ocurre con la normativa aplicable a la Justicia gratuita, impuesta a todo el Estado siguiendo el modelo castellano.

Hay que esperar a los albores del siglo XIX para que haga su aparición un nuevo corpus jurídico que redefina la figura del procurador. En 1805, bajo el reinado de Carlos IV, se promulga la Novísima Recopilación, obra que como su mismo título indica, no es sino una reunión de normas dictadas durante el Antiguo Régimen. Cuestiones como el numerus clausus o el sistema de oficios enajenados perviven con ligeras modificaciones. Sin embargo no tardarán en llegar los cambios, y el caso más representativo es precisamente el de los títulos enajenados, cuya repercusión afectará a la esencia misma del oficio, al regular quién y cómo puede actuar ante los tribunales en calidad de procurador. Un imparable aluvión legislativo irá lentamente abocándolos a su desaparición. El Real Decreto de 11 de noviembre de 1816, los declara tanteables por la Administración. Una Real Orden de 9 de junio de 1817 resuelve conceder al Consejo Real la totalidad de las competencias en su venta, así como impedir la cesión de los mismos. Un Decreto de 12 de junio de 1822 los suprime casi por completo bajo el imperativo de ser contrarios a la Constitución. Por último, y aun a riesgo de adelantarnos en el tiempo, una Real Orden de 28 de octubre de 1867 establece que todo oficio de procurador pasado un año sin servicio efectivo será considerado vacante y de nuevo provisto por el Ministerio de Gracia y Justicia de forma intransferible y vitalicia.

Entrados ya en el estado burgués, el crecimiento de la producción de textos legislativos será incesante. A ello se suman las constantes alternancias en el poder entre conservadores y liberales, que provocarán un efecto multiplicador en la promulgación de dicha literatura. Además, justo es reconocer que los distintos órganos que conformaban la administración de Justicia debían ser sometidos a profundas reformas, extensibles a la organización judicial española en su conjunto, reformas a las que no será en absoluto ajeno el procurador, quien se verá grandemente afectado al aplicarse dichas medidas. Sirvan como referencia el Real Decreto de 17 de octubre de 1835, más conocido como Reglamento del Tribunal Supremo, las Ordenanzas de las Audiencias, de 19 de diciembre de 1835, y el Reglamento de los Juzgados de Primera Instancia, de 1 de mayo de 1844, primera disposición legal que de forma taxativa exige la constitución de fianza al aspirante a procurador (Art. 61), medida que una Real Orden de 29 de marzo de 1846 amplía a los ya ejercientes. Pero es en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 5 de octubre de 1855, donde los procuradores hallan un verdadero valuarte en la defensa de sus intereses. En su artículo 13, la Ley universaliza la necesaria intervención en juicio del procurador salvo en casos excepcionales, con la intención tácita del legislador de que se establezcan mayores garantías y unas más amplias condiciones de igualdad entre las partes, a lo que hay que añadir la idea de que la interposición del procurador facilitase la comunicación entre litigantes y jueces. Así, y gracias en primer lugar al precepto que establece como necesaria la intervención en juicio del profesional, esta nueva ley "influyó, notablemente, en el incremento de procuradores, al existir, como es lógico, un campo más amplio en el que actuar".

Si importante es la Ley de 1855, fundamental será la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 15 de septiembre de 1870, que bien podemos considerar como el hito legislativo más significativo, por cuanto al procurador hace referencia, de todo el siglo XIX. En primer lugar, se establece en ella la supresión del numerus clausus, con lo que se abre definitivamente el libre acceso a la procuraduría. Unido a esto, se declara obligado el depósito de una fianza variable en función de la localidad en que se ejerza, lo cual, sin ser del todo novedoso, si lo es en cuanto supone de universalización de la medida, al tiempo que actúa como instrumento de control de acceso al imponer un límite económico que el aspirante debía superar. En cualquier caso, el fin del numerus clausus, y por consiguiente el reconocimiento del carácter ilimitado de la procura, significa la muerte efectiva del sistema de oficios enajenados, rompe siglos de enquistamiento y permeabiliza la profesión al abrirla al conjunto de la sociedad. Otro aspecto importante hace referencia a la colegiación, que se establece como preceptiva en las ciudades donde existiese Audiencia y optativa en las que no la hubiese, así como en poblaciones con al menos veinte procuradores en ejercicio. La adscripción al Colegio de Procuradores que en cada caso correspondiera se constituye como exigencia básica para poder ejercer la profesión, con lo que concluye el periplo iniciado en pleno siglo XIV por los entonces notarios causídicos de Zaragoza en su búsqueda de la justa definición del perfil profesional del procurador.

Fruto de las disposiciones emanadas de la Ley de 1870 es la publicación, un año más tarde, del decreto mediante el cual se establecía el Reglamento de Exámenes para los aspirantes a procurador, con fecha de 16 de noviembre de 1871. En él se fija la convocatoria de dos exámenes anuales ante las respectivas Audiencias, estipulándose como exigencia la posesión del título de Bachiller en Artes y la realización de prácticas en el despacho de un procurador durante al menos dos años de forma ininterrumpida. La necesidad de controlar este último requisito motivó la promulgación de una Real Orden de 24 de enero de 1893 que instauraba el Registro de Aspirantes, completada posteriormente con otra de 22 de junio de 1904, que devenía en obligatoria la inscripción en dicho registro tras haber concluido el pertinente periodo de prácticas. El objetivo último de estas disposiciones era que el aspirante pudiera demostrar mediante un registro documental debidamente normalizado la realización de las prácticas en las condiciones y durante el tiempo establecido, así como la fijación de las condiciones que regían en el examen.

A modo de resumen de las novedades acaecidas en el periodo analizado, podemos establecer que durante el mismo "comienzan a nacer los Colegios de Procuradores que toman como modelo a los ya existentes como es el caso de los de Madrid, Zaragoza y Barcelona, de quienes copian sus estatutos. Se aprueba un reglamento que instaura la exigencia del título de bachiller para los futuros procuradores ejercientes en capitales con Audiencia. Asimismo, y aparte de la no limitación en el número de procuradores, se implanta el sistema de acceso por titulación académica y examen."

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