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Zaragoza   jueves, 19 de octubre de 2017
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Historia del Procurador

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Detalle de los primeros Manuscritos



    





     

II - La Profesionalización: Los Primeros Colegios


     La Edad Media se caracteriza por una disposición de la casi totalidad de los estamentos sociales, y especialmente entre los miembros de las distintas profesiones, a constituirse en asociaciones de carácter gremial. La agrupación en Colegios profesionales es una manifestación más de ese sistema de articulación social, y los procuradores no fueron ajenos al mismo. Además, el hecho de que el procurador sea una figura con una presencia cada vez más importante en el proceso judicial, aumenta su conciencia de pertenencia a un grupo profesional específico y favorece las ideas asociacionistas. Un primer intento en tal dirección tuvo lugar en el año 1279 en Tortosa, con la aparición del Llibre de les Costums, código de carácter profesional en el cual los procuradores se otorgaban el título de senyor del pleyt. Pero el primer Colegio profesional fundado como tal y dotado de unas normas u ordinaciones para regular su gobierno aparece en Zaragoza el 20 de agosto de 1396. Habrá que esperar más de un siglo hasta la aparición del Colegio de Barcelona, mediante un privilegio dado por el rey Fernando el Católico el 1 de diciembre de 1512, y hasta el 1574 para constatar la del Colegio de Madrid. Como veremos con más detalle al tratar del Colegio de Zaragoza, la impronta que la religión imprimía en estas agrupaciones era muy poderosa, como lo demuestra el hecho de que sus primeras denominaciones fuesen las de cofradías, y que la mayor parte de sus ordenanzas se ocupasen de aspectos de índole religioso así como del ceremonial litúrgico que debía acompañar a sus reuniones, siempre al amparo de una misa. Sólo muy lentamente conseguirán los cofrades-procuradores ir menguando el peso del componente espiritual para aumentar el terrenal. Dicho de otro modo, se avanza, aún con lentitud, hacia la profesionalización de todo aquello que rodea al procurador, algo que podemos apreciar con meridiana claridad al comparar la evolución de los textos que conforman las distintas ordenanzas colegiales.

La citada profesionalización se refleja también en el aumento considerable de la legislación que afecta a los procuradores. Bajo los Reyes Católicos se dan sucesivamente tres textos que contemplan a éstos: las Ordenanzas Reales de Castilla u Ordenamiento de Montalvo (1484), las Ordenanzas dadas en Córdoba para la Corte y Chancillería de Valladolid (1485), y las de Medina (1489). Junto a ellas, un gran número de cuestiones relativas al ejercicio de la procura jalonan las ordenanzas de otros tantos territorios y poblaciones peninsulares. En ellas podemos seguir la evolución del concepto de responsabilidad profesional, que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo una mayor importancia. Así, en Cataluña, desde 1564, es obligado "a responder con sus propios bienes por negligencia y a ser sometido a pena corporal por dolo o por soborno. En Castilla, y a partir de 1507, el poder del procurador tiene que ser considerado suficiente (bastante) por un letrado. Se insiste en la prohibición de la cuota litis en los letrados y en Cataluña se les condena desde 1547 a pagar los gastos del proceso, cuando piden la evocación en una causa que no es evocable". Se observa coma toma fuerza la mecánica del bastanteo, o autorización dada por el abogado al procurador mediante la cual el primero reconoce la capacidad jurídica del segundo, en una relación que sólo se comprende en el terreno que el procurador comparte con el abogado, por contraposición al que comparte con el cliente.

Junto al desarrollo de medidas relativas a la deontología profesional, aparecen otras que tratan de controlar el número de individuos que pueden ejercer en calidad de procuradores, lo cual nos pone sobre aviso acerca de la existencia de un mayor número de profesionales del que la tasa de población podía asimilar. No es de extrañar así que en los siglos XVI y XVII se dictasen múltiples "pragmáticas para perseguir el intrusismo hasta conseguir que el oficio de Procurador se patrimonialice y pase a venderse como otros cargos o empleos". Ello supone la implantación del sistema basado en el numerus clausus, al restringirse de forma drástica el volumen de individuos que pueden obtener el título y, en consecuencia, practicar su labor profesional. Esta mercantilización, iniciada por Felipe II y que pervivirá hasta finales del siglo XIX, supone en la práctica la entrada del procurador en el mundo de los oficios enajenados, esto es, vendidos por la Corona a cambio de importantes sumas de dinero, y que posteriormente podían ser revendidos por sus titulares. Con la implantación de este sistema se acrecienta la relación entre procuradores y dinero, relación por demás peligrosa al establecerse en virtud de la adquisición mediante compra de un cargo en el que buena parte de sus nuevos propietarios tan sólo veían un eficaz instrumento al servicio de su medro personal. Ello provocó el aumento de las suspicacias, motivo suficiente para que la figura del procurador pasara a engrosar el rico universo que puebla, entre los siglos XV y XVII, nuestra mejor literatura clásica. El Arcipreste de Talavera, Manrique, Sebastián de Horozco, Rojas, Mateo Alemán, Cervantes, Lope, Quevedo, o Diego de Torres y Villarroel, serán las plumas más y mejor afiladas. El blanco de sus críticas es la apetencia crematística del procurador, que consideran desmesurada, si bien dicha opinión entronca con una visión general de la administración de Justicia y de sus representantes.

Gran parte de la problemática anterior hallaba su origen en la imprecisa definición de las cantidades que por un determinado trabajo debía percibir el profesional. La estimación se efectuaba a través de datos objetivos, es decir, según las peculiaridades de cada caso considerado éste de forma única e individual, sin que existiese un baremo que permitiese cuantificar las cantidades que debían recibirse. Si bien es cierto que con anterioridad se habían dictado varias pragmáticas relativas a la moderación de los salarios de abogados y procuradores, caso de la concedida por Carlos I en las Cortes de Monzón de 1542, y que no era sino reproducción de la dada en 1503 por Isabel la Católica para Castilla, no lo es menos que dichas leyes nunca lograron la unificación de sus emolumentos. La inexistencia de tablas arancelarias provocaba así una difícil situación que vino a remediarse en parte con la publicación el 6 de octubre de 1640 de las Ordenanzas de la Nunciatura Apostólica, que si bien eran sólo aplicables a los procuradores de la Nunciatura, sentaron un sólido precedente al "haber sido la primera implantación arancelaria de los derechos de los procuradores". Será en el próximo siglo cuando se dicten los aranceles del reino de Valencia, el 9 de enero de 1722, y de la Corona de Aragón, el 20 de octubre de 1742, hasta llegar al 13 de abril de 1764, fecha en la que "el Real Consejo de Castilla ordenó la formación de un arancel general de todos los instrumentos, autos y diligencias que ocurriesen y pudiesen ocurrir, sin omitir caso ni diligencia alguna por mínima o extraordinaria que fuese, y asignasen los derechos que de por sí se estimasen que correspondían en buena conciencia, teniendo en consideración los aranceles antiguos, si los hubiere, la costumbre y la práctica, estando comprendidos en dicho arancel los jueces, escribanos reales, contadores de cuentas, los procuradores, porteros y alguaciles. Al poco tiempo se cumplió este encargo, pero hasta 1782, después de diferentes recursos y pretensiones, no fueron aprobados por el Real Consejo". Habrá que esperar por tanto hasta el año 1782 para que el conjunto de los procuradores españoles se rija por un único arancel, lo que permitirá la unificación a efectos pecuniarios del desempeño de la procura en todo el territorio peninsular, y evitará los constantes litigios y enfrentamientos que hasta esa fecha y por ese motivo se provocaban ante los tribunales.

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