Logotipo del Colegio de Procuradores de Zaragoza
Zaragoza   jueves, 24 de agosto de 2017
Seccion saludos del Decano
Saludo del Decano
Seccion Actualidad
Enlaces de Interés
Noticias
Noticias
Seccion el Colegio
Estatutos
Código Deontológico
Historia
Juntas Generales
Mapa de las Sedes
Memoria Anual
Organigrama
Registro de Sociedades Profesionales
Servidor del Colegio
VI Centenario
Seccion del Procurador
Consejo General Procuradores de España
Consejo General de Colegios de Procuradores de Aragón
Descripcion
Historia del Procurador
Listado de Procuradores de Zaragoza
Ventanilla Única
Seccion Mapa de la Web
Contacto
Mapa de la Web
    

Historia del Colegio

I
1 2 3
II
1 2 3
III
1 2 3
IV
1 2 3
V
1 2 3
VI

Suplica-rehabilitacion 1813


    





     

Con los últimos años del siglo XIX habíamos dejado al Colegio en su sede de la Audiencia Provincial, edificio en el que disponía de un cuarto situado en el segundo piso. Durante los primeros años del XX ciertas reuniones tuvieron lugar fuera de ese recinto, caso de las celebradas en los domicilios particulares del decano o del tesorero, así como en otros locales cedidos a tal efecto por el Colegio de Abogados de Zaragoza, caso de su biblioteca o de la denominada Sala de Togas. Aparece también como lugar de reunión el Juzgado de Instrucción de San Pablo, donde al parecer el Colegio pasó pronto a disponer de una sala estable en la cual recibir las notificaciones y los informes sobre los distintos procesos. La última noticia de esta primera mitad del siglo se refiere a la cesión de un cuarto ubicado en el piso principal de la Audiencia a cambio del que el Colegio venía utilizando en el piso segundo de ese mismo edificio.

" Antes de terminar, el sr. Decano expuso que debía constar en acta el resultado favorable de las gestiones para que se diera cuarto al Colegio en el piso de las salas y secretarías de la Audiencia, a cambio del que disfrutábamos en el piso 2º del mismo Palacio, de cuyas gestiones se hace mención en el acta de esta Junta de veinte de diciembre próximo finado. La Junta lo acordó así con complacencia. Y se levantó la sesión, y yo el secretario extiendo esa acta que certificó."








En el tiempo que transcurre desde la promulgación de los estatutos de 1918 hasta la aprobación de aquellos que en 1953 vendrán a sustituirlos, deberemos consignar otras noticias de interés para el Colegio. Algunas le afectarán desde el exterior, como por ejemplo el cambio que en la década de los años cuarenta sufrió el sistema impositivo al que se hallaban sometidos los procuradores, que de la fórmula de la contribución industrial pasó a la de las evaluaciones globales, o la aparición por orden de 15 de junio de 1948 de los oficiales habilitados, ayudantes del procurador en labores de carácter técnico y administrativo. También del exterior llegó la reinstauración del numerus clausus (1934), determinándose para el Colegio el número de veinticinco individuos, política que sería aplicada hasta la aparición del Estatuto General de los Procuradores (1947). Externas también son las profundas modificaciones que implican para el Colegio el nacimiento de la Junta Nacional de Procuradores (1943), y de la Mutualidad de Previsión (1948). Todo ello sin olvidar que durante esos años el Colegio sufrió, como el resto de colectivos y personas individuales, la tragedia de una guerra entre españoles, a la que siguieron unos años de privaciones y dificultades más o menos generalizadas.

Desde un terreno puramente interno, la noticia más relevante surge el año 1943, con la cesión hecha por el Colegio de una de sus más preciadas propiedades, la capellanía de Olóriz. De forma muy resumida podemos decir que en el año 1667 se otorgó la escritura de fundación de la capellanía de la iglesia parroquial de San Felipe de Zaragoza, ubicada en Peñaflor, término cercano a la capital aragonesa. La escritura fue concedida a favor de Juana M.ª de Olóriz y Latrás, viuda de José Felipe Sánchez, notario causídico y por tanto miembro del Colegio. Tras la muerte de la primera beneficiaria, que dio su primer apellido como sobrenombre a la capellanía, la titularidad de ésta fue pasando por los distintos decanos del Colegio durante casi trescientos años, hasta su definitiva cesión al arzobispado de Zaragoza el 10 de mayo de 1943. Ya con anterioridad se había planteado la cesión e incluso su venta, de forma especialmente intensa hacia el año 1934, fecha en la que se llegó a solicitar el dictamen del Colegio de Abogados para asesorar una posible venta. La cesión de la capellanía a favor del arzobispado puede interpretarse como la definitiva desvinculación del Colegio de ciertas prácticas en el ámbito de lo religioso, iniciadas en 1396 con la creación de la cofradía de los procuradores causídicos y finalizadas en 1943 con la donación de la capellanía de Olóriz. El Colegio adopta así un aire laico mucho más acorde con la época que a partir de ahora le toca en suerte disfrutar.

Sería difícil hallar un periodo más importante para los procuradores españoles que el que ocupa los años 1943-1948, momento en el cual puede hablarse de una auténtica revolución en la organización de la procuraduría nacional. No hay hechos comparables a la creación de la Junta Nacional de Procuradores (1943), y de la Mutualidad de Previsión (1948), así como con la elaboración del Estatuto General de los Procuradores (1947). Las novedades ocasionadas por estos sucesos obligaron al Colegio a la adaptación de sus normas de gobierno, redactándose unos nuevos estatutos en sustitución de los de 1918, aunque como veremos a continuación los cambios serán mínimos, excepción hecha de todo aquello que los nuevos órganos de gobierno de la clase venían a establecer.

Dichos Estatutos fueron aprobados por el Ministro de Justicia el 28 de septiembre de 1953, y editados por el Colegio un año más tarde. Con un total de noventa y tres artículos, se estructuran en cuatro Títulos, "Del Colegio, su organización y gobierno", "De los Colegiados", "De la jurisdicción disciplinaria", y "De la admisión de aspirantes", a los que sigue una disposición final por la cual se derogan los estatutos anteriores. Como antes apuntábamos, no son muy abundantes las aportaciones de este texto en relación con el de 1918, motivo por el cual nos limitaremos a subrayar dichas novedades, de donde debe entenderse que las materias aquí no tratadas permanecen en lo sustancial tal y como el texto anterior las había regularizado.

El Título primero, "Del Colegio, su organización y gobierno", se desglosa en ocho capítulos, el primero de los cuales, "Del Colegio", presenta por vez primera en su artículo segundo las dos categorías de colegiados que a partir de esa fecha convivirán en el mismo.

" Los Colegiados serán de dos clases:
1.º Procuradores en ejercicio.
2.º Procuradores que habiendo ejercido, se den o hayan dado de baja voluntariamente.
En los de la 1.ª clase se distinguirá:
A) Los que ejerzan en la Capital.
B) Los que ejerzan en los distintos partidos judiciales de la Provincia, que se hayan incorporado a este Colegio, en cumplimiento de lo ordenando en el Estatuto General.
Los Procuradores que ejerzan en los partidos judiciales de la Provincia e inscritos en este Colegio, tendrán los derechos y obligaciones como colegiados que se les confieren en los artículos 26, 29 párrafo 2.º, y 82."












El motivo de la creación de esa segunda clase, la de los retirados del ejercicio profesional activo, hay que buscarlo en lo dispuesto por la recién creada Mutualidad de Previsión (1948), que obligaba a los procuradores a permanecer en esa situación si deseaban beneficiarse de sus ayudas asistenciales. Otro tanto puede decirse de la distinción entre los colegiados de primera clase según su lugar de ejercicio profesional, aunque esta vez la relación de dependencia se sitúa en la órbita del Estatuto General de los Procuradores (1947), ya que es en ese texto estatutario donde se establece la extensión jurisdiccional de los distintos colegios profesionales de lo local a lo provincial.

" (...) a virtud de los artículos 46 siguientes y concordantes de aquel Estatuto General, el Colegio de Procuradores de Zaragoza, se ha transformado, de local que era, en provincial, perteneciendo por tanto obligatoriamente al mismo, los Procuradores que ejercen la profesión en cualquier cabeza de partido o pueblo de la provincia."







El capítulo segundo, "De las Juntas Generales", se divide en dos secciones, en la primera de las cuales, "Clases y atribuciones", se viene a distinguir entre las Juntas ordinarias, que tendrán lugar anualmente durante la primera quincena del mes de marzo (art. 5), y las extraordinarias, convocadas según acuerdo de la Junta de gobierno o la solicitud de un mínimo de diez individuos del Colegio (art. 6). De nuevo se acuerda celebrar la Junta general en los primeros días del mes de marzo, conforme a la tradición más extendida a lo largo de la historia del Colegio que hacía coincidir la obligada reunión anual con la renovación de los cargos de gobierno, algo que como más adelante veremos también nos propondrán los presentes estatutos. La segunda sección de este capítulo segundo, "Del orden de discusión en las Juntas Generales", menciona la posible asistencia de los colegiados de segunda clase en comisiones y Juntas generales, con voz pero sin voto, con lo que de hecho se establece su menor peso en el entramado organizativo y de poder del Colegio (art. 25). En cuanto a los colegiados ejercientes en los partidos judiciales del territorio, sólo podrán asistir a dichas reuniones cuando hubiesen sido formalmente invitados, y como en el caso anterior, con voz pero sin voto (art. 26).

El capítulo tercero, "De la Junta de Gobierno", que apenas aporta novedades con relación al texto de 1918, se halla dividido en dos secciones, la primera de ellas titulada, "Su composición y requisitos en los elegidos Decanos de edad y honorario". En lo referente a los componentes de dicha Junta, destacar la variación en la denominación de los entonces diputados primero y segundo, ahora vocales, a los cuales y opcionalmente pueden añadirse otros dos vocales adjuntos, elegidos en su caso entre los colegiados ejercientes en los partidos judiciales. Con estos datos, unidos a otros que más adelante aportaremos, se puede constatar como la aparición de esta nueva categoría de procuradores en virtud del Estatuto General de 1947, la de los colegiados ejercientes en los partidos judiciales, es una de las condicionantes principales de las modificaciones que el texto estatutario presenta. En cuanto a los requisitos para ser elegido miembro de la Junta de gobierno, además de no haber sufrido corrección disciplinaria alguna, se fija un tiempo mínimo de colegiación según el cargo de que se trate.

" (...) y llevar, por lo menos, cinco años de ejercicio ininterrumpidamente en Zaragoza, salvo para desempeñar el cargo de Decano, que será necesario llevar veinte años de ejercicio también ininterrumpido."






De la sección segunda de este capítulo tercero, "Atribuciones de la Junta de Gobierno", nos contentaremos con destacar la mención a la celebración de la festividad anual del Colegio.

" Cuidar de que se celebre oportunamente la fiesta religiosa anual en honor de Santo Tomás de Aquino, Patrono del Colegio."





Siguen los capítulos destinados al examen particularizado de cada uno de los cargos del Colegio. Como pauta general nada nuevo nos aportarán el cuarto, "Del Decano-Presidente", el sexto, "Del Tesorero", y el séptimo, "Del Secretario-Archivero", todos ellos justa réplica de lo dispuesto en los estatutos de 1918. Tan sólo en el quinto, "De los Vocales", podremos observar la variación en el sistema de sustituciones, además del ya antes mencionado cambio de nombre de estos miembros de la Junta de gobierno (de diputados en 1918, a vocales en 1953).

" Al Vocal primero corresponde sustituir al Decano en los casos de enfermedad, ausencia o fallecimiento, siempre de acuerdo con lo dispuesto en estos Estatutos."

" Al Vocal segundo corresponde sustituir al Secretario y al Tesorero en los mismos casos previstos en el artículo anterior."








Cada vocal queda así encargado de la sustitución de un determinado cargo, sin que el turno pueda correr de vocal primero a vocal segundo tal y como sí sucedía en los anteriores estatutos.

Concluye el Título primero con el capítulo octavo, "De los ingresos y gastos del Colegio". Su artículo inicial establece con precisión cuales serán dichos ingresos, que podemos cifrar en una cuota de entrada de dos mil pesetas, una cuota mensual de cinco pesetas para los procuradores no ejercientes, lo percibido por la venta de los sellos de aceptación, la cantidad que la Junta establezca por las suplencias para los asuntos de oficio, cien pesetas en concepto de inscripción en el libro de registro de aspirantes, veinticinco por cada certificación extendida por la Tesorería, las dietas que los colegiados puedan recibir por su asistencia a los exámenes de procuradores, la cuota de quinientas pesetas que deberán satisfacer los procuradores ejercientes en los partidos judiciales, así como cualquier otro gravamen que el Colegio estipule y que nunca podrá superar las cien pesetas anuales (art. 62). En cuanto a los gastos, destacar como novedad la cuota mensual de doscientas pesetas que el Colegio debe satisfacer como miembro de la Junta Nacional de Procuradores (art. 64.6).

Menor número de variantes aporta el Título segundo, "De los Colegiados", de cuyo capítulo primero (sin leyenda), tan sólo merece ser destacado aquella que distingue el proceso de incorporación según se pretenda ejercitar la actividad profesional en la capital o en cualquiera de los partidos judiciales de la provincia. Mientras que en el primer caso los requisitos exigidos son abundantes (certificación de acta de nacimiento, de penados, de buena conducta, títulos de abogado y procurador, pago de dos mil pesetas en concepto de cuota de ingreso, etc.), en el segundo se limitan a la certificación de estar inscrito en el correspondiente Juzgado, y a la satisfacción de quinientas pesetas (art. 65).

Del capítulo segundo, "De los derechos y deberes del Colegiado", podemos resaltar algunos puntos muy concretos. Se determina el amparo y tutela a que los colegiados tienen derecho por cuenta del Colegio (art. 68), aunque en contraprestación estos se vean impelidos a desempeñar los cargos y comisiones para los que sean designados (art. 69), o a pagar las cargas que la corporación determine (art. 72). No podrán rebajar el importe de sus servicios ni adquirir la gestión de asuntos ya desempeñados por otro compañero (art. 73), y estarán obligados a representar gratuitamente a los clientes que por turno de pobre les correspondan (art. 75). Concluye el capítulo con un artículo que es consecuencia directa de la recién creada Mutualidad.

" Los Colegiados vienen obligados a utilizar las pólizas de la Mutualidad de Previsión de los Procuradores de los Tribunales de España, en la cuantía determinada en su Reglamento."





Novedoso resulta el capítulo tercero, "De las licencias para ausentarse", que distingue entre las inferiores a quince días, que el interesado deberá comunicar al decano mediante un oficio en el que consten los nombres y las firmas de quienes se habiliten como encargados de su despacho, oficio al que seguirá otro para dar cuenta del día en que tendrá lugar la reincorporación (art. 84), y las licencias que excedan de dicho plazo, cuya solicitud deberá hacerse ante el presidente de la Audiencia Territorial (art. 85), y que una vez concedida deberá ser comunicada a la Secretaría del Colegio (art. 86). Caso de que el colegiado no procediera a la reincorporación en la fecha establecida, y siempre que no existiesen causas de fuerza mayor que le impidiesen tal obligación, se entenderá que éste ha renunciado a la profesión (art. 87). La dedicación de un capítulo específico al tema de los permisos y licencias nos induce a pensar que su gestión debió provocar ciertos problemas al Colegio, lo cual le obligó a tratarlo con detenimiento y clara determinación en un texto tan importante como unos estatutos.

El Título tercero consta de un único capítulo, "De las correcciones disciplinarias", en las anteriores normas inserto en el apartado dedicado a la organización y gobierno del Colegio. Su separación y el hecho de que se le conceda un espacio específico refuerzan su consideración y relevancia, tal y como sucederá con el próximo asunto, la admisión. En cuanto al que ahora nos atañe, la reglamentación disciplinaria, el texto establece la siguiente gradación en el castigo.

" 1.ª Apercibimiento por oficio.
2.ª Reprensión privada o pública.
3.ª Suspensión del ejercicio profesional por un plazo no superior a un año, y
4.ª Expulsión del Colegio."







Como variaciones más significativas respecto a los estatutos de 1918 observamos la supresión de las multas y el aumento del plazo máximo de suspensión profesional hasta alcanzar el año (antes multa de dos a cincuenta pesetas y expulsión hasta por seis meses). Contra la sanción cabe al interesado recurso ante la Junta Nacional de Procuradores, que en el supuesto de expulsión podrá elevarse, caso de haber sido denegado el anterior, ante el Ministerio de Justicia. Si la expulsión se viera confirmada se podrá todavía presentar recurso ante la jurisdicción ordinaria (art. 90).

Con el Título cuarto, "De la admisión de aspirantes", capítulo único, finalizan los presentes estatutos.

" El Procurador en cuyo despacho trate de practicar algún aspirante que desee obtener la certificación de práctica correspondiente, deberá ponerlo en conocimiento del Decano tan pronto lo admita en su despacho, mediante instancia solicitando la inscripción en el Registro a este fin creado por Real Decreto de 18 de Abril de 1912, continuando dando los partes hasta el término de la práctica y expedición del certificado de ellas."








Se cubre así un vacío detectado en los anteriores estatutos, en los cuales no se hacía mención alguna a las prácticas desempeñadas por los aspirantes en un despacho profesional, pese a que la reglamentación al respecto ya contemplaba esa situación. Ello es consecuencia directa del aumento que en los años veinte y primera mitad de los treinta, y posteriormente hacia la finalización de la década de los cuarenta, se produjo en relación con el número de aspirantes a procurador, necesitados de la realización de dos años de prácticas antes de poder presentarse al correspondiente examen, quedando siempre, recordémoslo, restringido su ejercicio profesional a los Juzgados de los partidos judiciales que quedasen bajo la jurisdicción de la Audiencia en la que hubiesen sido examinados.

Tras la entrada en vigor de estos estatutos y hasta la redacción de los que vinieron a sustituirlos (1980), el Colegio vivirá unos años de lento pero inexorable crecimiento, en especial en lo relativo al número de sus individuos. Si para el año 1955 hallamos matriculados a sesenta procuradores, treinta y seis en la capital y el resto repartidos por los distintos partidos judiciales de la provincia, esa cifra puede darse por ampliamente superada a finales de la década de los setenta. Otra noticia de ese periodo, en concreto del año 1966, es la inauguración de los nuevos Juzgados de la plaza del Pilar, lugar en el que a los procuradores se les destinó un cuarto, del que continúan hoy en día disfrutando, para oir las notificaciones y recibir copia de las resoluciones que se librasen en los asuntos a su cargo.

Pero sin duda que la novedad más transcendente se produce en la atención que el Colegio comienza a dedicar a los asuntos mutuales, como lo demuestra que en Junta general extraordinaria de 5 de noviembre de 1960 elaborara un proyecto para la ayuda a sus individuos, refrendado con el Reglamento para la Ayuda Económica para los Procuradores de los Tribunales de Zaragoza, que entró en vigor el 1 de enero de 1961 y que un año más tarde sufrió ciertas modificaciones. Por ese reglamento se creó la Comisión de Ayuda de los Procuradores de Zaragoza, dirigida por la denominada Junta de Ayuda Mutua, y se estableció que el fondo disponible para cubrir las actuaciones de dicha Comisión se obtendría gracias al sello de la ayuda que el procurador debía adjuntar a la demanda con la que iniciaba sus actuaciones. Tal sistema perduró hasta 1969, fecha a partir de la cual se suprimió este sello para tomarse como base de regulación económica una parte del importe de la póliza de aceptación, siempre calculada de forma proporcional a la cuantía de dicha póliza, a lo que se sumaron los ingresos obtenidos en concepto del pago de las fotocopias realizadas por los procuradores en los locales del Colegio. Aún a riesgo de adelantarnos en el tiempo, debemos decir que el 18 de junio de 1982 la Comisión de Ayuda se escindió del Colegio, transfiriéndole éste el control y gobierno de los asuntos mutuales. Se fijó entonces como base reguladora para la obtención de ingresos el cuarenta y cinco por ciento del global de los aceptos, así como lo obtenido por la realización de fotocopias en cualquiera de las dos sedes colegiales. De todo lo anterior puede colegirse que el tema pasó a ocupar una buena parte de los desvelos y preocupaciones de los procuradores en su conjunto, y especialmente de aquellos que vinieron a redactar las nuevas reglamentaciones y a ocupar los puestos y cargos de gobierno de los recién creados órganos mutualistas.

Otro paso en el tiempo nos acerca hasta el momento en el que el Colegio recibió nuevos estatutos, aprobados el 2 de mayo de 1980 por el Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores, denominación que tomó la Junta Nacional a partir del 20 de mayo de 1977. Lo primero que hay que decir es que dichos estatutos son en esencia los mismos que los que hasta ese momento se hallaban en vigor, es decir, los dados en 1953. Tanto es así que la estructura y las divisiones internas de ambos textos son idénticas, diferenciándose tan sólo los de 1980 de los anteriores en el número de artículos en ellos comprendidos (noventa y tres en 1953, noventa en 1980). Las modificaciones de mayor o menor importancia afectan a un total de dieciséis artículos (arts. 2, 8, 25, 28, 30, 36, 37, 51, 61.4, 59.12, 60, 62.6 y 62.7, 63.1.j y 63.1.h, 64, 70, 87), mientras que desaparecen tres en relación a los estatutos de 1953 (arts. 26, 58, 83). Estas cifras nos permiten valorar las escasas novedades aportadas por estos estatutos, máxime si comprobamos que las modificaciones del articulado antes apuntado no superan en muchos casos la mera anécdota.

Pasaremos así a ocuparnos de aquello que de verdaderamente original se esconde en estos estatutos, en un recorrido que tiene su inicio en el artículo segundo, por el que se anula la distinción entre colegiados según el lugar en el que ejerzan su actividad.

" Los Colegiados serán de dos clases:
1.º Procuradores en ejercicio.
2.º Procuradores que, habiendo ejercido, se den o hayan dado de baja, voluntariamente, en el ejercicio de la profesión, continuando adscritos como "no ejercientes".
Los Procuradores que ejerzan en los partidos judiciales tendrán los mismos derechos y obligaciones que para los ejercientes en la capital se establecen en los presentes Estatutos, salvo las limitaciones expresadas en el artículo 28, y disfrutarán de idénticos beneficios."










Se concreta con estas líneas la efectiva ampliación del Colegio de lo local a lo provincial, en particular en aquello que significa la unidad en los derechos, auténtica piedra de toque para valorar cualquier proceso de unificación. Prueba de ello es que tanto los procuradores de la capital como los de los partidos judiciales tendrán voz y voto en las Juntas generales, mientras que los etiquetados como no ejercientes podrán asistir a las mismas con voz pero sin voto (art. 8).

En cuanto a la formación de la Junta de gobierno, se constituye además de con el decano-presidente, el tesorero, y el secretario-archivero, no con dos sino con cuatro vocales, los dos primeros elegidos entre los procuradores de la capital y los dos restantes entre los de los partidos judiciales (art. 28). Por otra parte se reduce la antigüedad requerida para poder optar al cargo de decano de los veinte a los diez años (art. 30).

Las modificaciones más relevantes se producen en las cuantías que conforman los ingresos y gastos del Colegio, que se ven aumentadas en atención al lógico incremento del nivel de vida que tiene lugar entre las fechas de redacción de ambos estatutos. La cuota de entrada se establece en cincuenta mil pesetas para quienes vayan a ejercer en la capital, y en veinticinco mil para quienes lo vayan a hacer en un partido judicial. Caso de que un procurador pase a figurar como no ejerciente, deberá satisfacer mensualmente al Colegio doscientas pesetas, quedando libre de cualquier desembolso aquel individuo que llevase más de treinta años de ejercicio profesional ininterrumpido. Los derechos de inscripción en el libro de registro de aspirantes se elevan a mil pesetas, y las certificaciones de prácticas lo hacen a quinientas, mientras que para el resto de certificaciones se fija una suma de doscientas pesetas (art. 60).

Dicho lo anterior bastará comparar las dos mil pesetas aplicadas como cuota de ingreso en 1953 a los procuradores que ejercían en la capital, con las cincuenta mil de 1980 para tomar nota del considerable aumento producido. Similar razonamiento sería válido para los gastos del Colegio, si bien al no detallarse éstos en ninguno de los dos textos estatutarios se hace difícil precisar más al respecto.

La última materia sobre la que existen variaciones de cierto interés entre un texto normativo y otro se refiere al proceso de incorporación de los nuevos colegiados. A lo ya apuntado para 1953 se vienen a sumar ahora otras exigencias.

" j) Justificante de aprobación por la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de la fianza establecida.
k) Justificante de haber solicitado el ingreso en la Mutualidad de Previsión de los Procuradores de los Tribunales de España, para aquellos que no hayan cumplido los cincuenta años."






Con estas breves líneas podemos dar por concluido el examen de los estatutos de 1980, que tan menguadas noticias han venido a aportarnos sobre lo ya conocido. En realidad, en el texto apenas se plasman ciertas modificaciones económicas producto del discurrir del tiempo, a lo que habría que añadir una clasificación de los colegiados por la que se supera la distinción de derechos y deberes según el ejercicio profesional sea desempeñado en uno de los partidos judiciales de la provincia o en la capital de la misma, lográndose así las condiciones de igualdad que posibilitarán la implantación del Colegio en la totalidad del territorio provincial.

Los últimos años en la historia del Colegio se escriben desde el optimismo. Buenas son las nuevas en lo que respecta a la ubicación física del mismo, que tras casi dos siglos de obligado hospedaje en casa ajena, con el Colegio de Abogados, la Audiencia, o los Juzgados como principales puntos de residencia, pasa por fin a disponer de sede propia. Las primeras noticias nos llegan el 3 de enero de 1989, cuando en un acta de Junta general se da el visto bueno a las gestiones que se habían realizado para la compra de un inmueble en una céntrica calle zaragozana. Como resultado último el Colegio adquirió como domicilio y nueva sede el piso principal derecha del edificio número 13-15 de la calle Alfonso I, próximo tanto a los Juzgados como a la Audiencia Provincial y al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Las dependencias destinadas a oficinas se ocuparon el 24 de octubre de 1989, si bien hubo que aguardar hasta el 17 de enero de 1990 para que, a las doce y treinta de la mañana, tuviese lugar el acto oficial de inauguración a cargo de Hipólito Gómez de las Roces, presidente de la Diputación General de Aragón.

A esta primera y gozosa noticia habría que sumar el continuo incremento del número de colegiados registrado en los últimos años, especialmente durante la década de los noventa. Recordemos que de los sesenta procuradores en 1955 se pasó a los setenta y cinco en 1980, para alcanzar los noventa y ocho en el año 1990, fecha a partir de la cual se produce un verdadero aluvión de nuevas incorporaciones, tal y como lo demuestra que a la hora de escribir estas líneas (septiembre de 1998), la cifra se haya disparado hasta los doscientos diez individuos. Este incremento cuantitativo, que en absoluto tiene visos de remitir, no debe sorprendernos. Mayor significación adquiere la relación porcentual entre hombres y mujeres, la cual ha terminado por decantarse definitiva y radicalmente a favor de estas últimas, como lo demuestra que frente a los ochenta y cinco colegiados inscritos en el Colegio, hallemos a ciento veinticinco mujeres. No es extraño que precisamente en estos años una mujer haya alcanzado por vez primera el Decanato, caso de Natividad Isabel Bonilla Paricio, máxima representante del Colegio durante los años 1986-1993.

Así mismo, el tema mutual cobra cada día mayor relieve. La recientemente creada Comisión de Ayuda de los Procuradores de Zaragoza (1961), se escinde del Colegio y pasa a gozar de una casi absoluta autonomía de gestión (18 de junio de 1982), hasta obtener su propio reglamento aprobado el 14 de marzo de 1992. Con ello se logra que la asistencia y previsión mutualista quede definitivamente instalada en el seno colegial, tras muchos siglos de ser éste uno de los puntos menos positivos para el conjunto de los procuradores zaragozanos.

El periodo que discurre entre 1980, año de redacción de los anteriores estatutos, y 1989, fecha de aprobación de los próximos y todavía vigentes, está marcado por la promulgación por Real Decreto de 30 de julio de 1982 de un nuevo Estatuto General, el cual viene lógicamente a derogar el anterior del año 1947. Con la finalidad de adaptar su gobierno a las disposiciones emanadas de dicho Estatuto General, el Colegio se vio en la obligación de redactar nuevos estatutos, los últimos hasta el momento y con cuyo análisis daremos prácticamente por concluido el presente estudio.

Finalizada su elaboración por parte del Colegio el 14 de febrero de 1989, y aprobados por el Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España con fecha de 18 de mayo de 1989, se dieron a la imprenta ese mismo año. En sus líneas maestras la organización textual se corresponde con la que veíamos en los estatutos de 1953 y 1980. Con un total de ciento un artículos y una disposición final presente a efectos derogatorios, se estructuran en tres Títulos, "Del Colegio, su organización y gobierno", "De los Colegiados", y "De la jurisdicción disciplinaria", con lo que se suprime el que en los dos últimos estatutos era el Título cuarto y que estaba dedicado a la admisión de aspirantes.

El Título primero, "Del Colegio, su organización y gobierno", se articula en diez capítulos, siendo novedad el quinto, "Del Vicedecano", y el noveno, "Del Vicesecretario-Archivero", que responden como puede comprobarse a la aparición de nuevos cargos dentro del organigrama colegial. En su capítulo primero, "Del Colegio", se recupera la distinción presente en 1953 entre los colegiados según sea su lugar de ejercicio profesional, aunque ello no supone en absoluto una merma en los derechos de ninguno de los dos grupos.

" Los Colegiados serán de dos clases:
1. Procuradores en ejercicio.
2. Procuradores que, habiendo ejercido, se den o hayan dado de baja, voluntariamente, o por causa justificada en el ejercicio de la profesión, continuando adscritos como "no ejercientes".
En los de primera clase se distinguirán:
A) Los que ejerzan en la Capital.
B) Los que ejerzan en los Partidos Judiciales de la provincia, que se hallen incorporados a este Colegio en cumplimiento de lo ordenado en el Estatuto General."











En otro orden de cosas, la ampliación del plazo durante el cual deben celebrase las Juntas generales, que de la primera quincena del mes de marzo (1980), pasa en 1989 al primer trimestre del año, es una de las pocas nuevas que el capítulo segundo, "De las Juntas generales", puede ofrecernos.

Alguna más nos sugerirá el tercero, "De la Junta de gobierno", que ya en su sección primera, "Su composición y requisitos en los decanos de edad y honorarios", amplía los miembros constitutivos de la misma de los siete a los nueve individuos.

" La Junta de gobierno de este Colegio estará constituida por:
Un Decano.
Un Vicedecano.
Un Secretario - Archivero.
Un Vicesecretario - Archivero.
Un Tesorero.
Un Vocal 1.º.
Un Vocal 2.º que actuará además de Vicetesorero.
Un Vocal 3.º adjunto.
Un Vocal 4.º adjunto.
Todos estos cargos habrán de ser desempeñados por Procuradores en ejercicio, y con una antigüedad ininterrumpida en el mismo al menos de cinco años como ejercientes en el Colegio de Zaragoza.
Para los cargos de Decano, Vicedecano, Secretario, Vicesecretario, Tesorero, Vocal 1.º y Vocal 2.º, sólo podrán ser elegidos los Colegiados ejercientes en la sede del Colegio.
Prestarán asistencia a la Junta de Gobierno en su función cuando sean requeridos o convocados, los Vocales adjuntos 3.º y 4.º, que habrán de elegirse entre los Procuradores que no ejerzan en la sede donde radique el Colegio, siendo colegiados ejercientes en los distintos partidos judiciales que se hallen incorporados a este Colegio de Zaragoza."





















La ampliación del número de integrantes de la Junta de gobierno es prueba fehaciente del incremento en el volumen de asuntos que el Colegio debe tratar, pero también del ya mencionado aumento en la nómina de procuradores pertenecientes al mismo. En cuanto al tiempo mínimo exigido para poder ser elegido como decano, queda reducido a los cinco años de ejercicio profesional ininterrumpido en Zaragoza (art. 30), con lo que se equipara al tiempo estipulado para todos los demás cargos de la Junta de gobierno.

La sección segunda, "Atribuciones de la Junta de gobierno", presenta en su artículo treinta y cinco tanto los deberes como las obligaciones inherentes a dicho órgano. En relación a los anteriores estatutos, los puntos de mayor novedad serían los que a continuación transcribimos.

" 1. Resolver las solicitudes de incorporación al Colegio.
(...)
8. Disponer lo más conveniente a los intereses del Colegio respecto a la situación o inversión de sus fondos a propuesta del Tesorero, dando cuenta de lo acordado a la Junta General, ordenando la cobranza de las cantidades que correspondan al Colegio por cualquier concepto."








El que aparezca por vez primera reflejada como facultad de la Junta de gobierno el resolver sobre las incorporaciones al Colegio, no debe inducirnos a pensar que hasta esa fecha no fuera ésta una de sus atribuciones, sino que más bien supone una simple omisión de tal aspecto en las anteriores normas reglamentarias. Es obvio que una decisión de tan hondo calado como es la del ingreso de nuevos colegiados no podía quedar exenta del control de la Junta de gobierno, máxime si consideramos que dicha facultad no era atribuida a ningún otro órgano colegial.

En cuanto a la elección de la Junta, sección tercera, "De la elección de la Junta de Gobierno", la única variación radica en la posibilidad de emitir el voto por correo.

" Se podrá votar por correo, siempre que en el remite de la carta se ponga el nombre del colegiado, y dentro la papeleta con el nombre y apellidos de la persona a la que se vota, así como el cargo. Las cartas irán dirigidas al Secretario, y tendrán que estar en la Secretaría del Colegio de Procuradores antes de iniciarse la votación."







De los órganos unipersonales del Colegio se ocupan los seis próximos capítulos. Nada cambia en lo que respecta al decano, capítulo cuarto, "Del Decano-Presidente", al tesorero, capítulo séptimo, "Del Tesorero", y al secretario, capítulo octavo, "Del Secretario-Archivero". Sí en lo que hace referencia a dos figuras como son el vicedecano, que reaparece tras años de olvido (su última regulación estatutaria data de 1918), y el vicesecretario-archivero, de novedosa creación. Del vicedecano, reminiscencia evidente del histórico mayordomo segundo, se ocupa el capítulo quinto, "Del Vicedecano", en un artículo único.

" Corresponde al Vicedecano sustituir al decano en todas sus funciones, en los casos de ausencia, enfermedad o fallecimiento, y evacuar los informes que se le confíen."





El vicesecretario-archivero, artículo único del capítulo noveno, "Del Vicesecretario-Archivero", asume ciertas funciones reservadas hasta esos momentos al secretario. La delegación, además de la evidente capacidad de actuar como sustituto natural del secretario, incide en todo aquello que conforma el cuidado de los bienes documentales del Colegio, como estipula el punto quinto del artículo sesenta.

" 5. Cuidar de los libros de la Biblioteca, formando el oportuno catálogo de los mismos, facilitándolos a los colegiados que los soliciten, pero sin permitir que se extraigan del local por tiempo superior a veinte días, previa firma del correspondiente recibo."






El vicesecretario-archivero se erige por estos estatutos como el máximo valedor del archivo y biblioteca colegial, siendo la creación de este órgano prueba palpable del interés que dicho asunto despierta actualmente en el Colegio, y que como no podía ser de otra manera no debe menos que alegrarnos.

Sobre los cuatro vocales que componen la Junta de gobierno, las novedades con respecto a anteriores estatutos se circunscriben al sistema de sustituciones. Así lo regula el único artículo de que se compone el capítulo sexto, "De los vocales".

" 1. Al Vocal 1.º corresponde sustituir al Decano-Presidente y Vicedecano, sucesivamente, en los casos de enfermedad, ausencia o fallecimiento, siempre de acuerdo con lo dispuesto en estos Estatutos. Será el responsable del área de relaciones públicas y protocolo.
2. El Vocal 2.º, Vicetesorero, sustituirá al Tesorero en los casos de enfermedad, ausencia o fallecimiento, siempre de acuerdo con estos Estatutos."








Concluye este Título primero con el capítulo décimo, "De los ingresos y gastos del Colegio". Si en cuanto al debe no hay ninguna variación al mantenerse vigentes idénticos conceptos a los fijados en 1980, sin concretar ni estimar por ello cantidad alguna (art. 63), en cuanto al haber hay que mencionar tan sólo el incremento de ciertas cuotas, caso de la de entrada, que asciende a las ciento cincuenta mil pesetas (en 1980 cincuenta mil para los ejercientes en la capital y la mitad para los inscritos en los partidos judiciales), la anualidad de cinco mil pesetas para aquellos que abandonado el ejercicio profesional deseen seguir perteneciendo al Colegio (en 1980 doscientas pesetas mensuales), y las quinientas que deben pagarse por cada certificación librada por la Secretaría del Colegio (doscientas en 1980). No se fija ninguna otra cantidad, aunque debe considerarse lo percibido por la venta de los sellos de aceptación y cualquier otro gravamen o repartimiento extraordinario que el Colegio acuerde en Junta general (art. 61).

El Título segundo, "De los Colegiados", apenas si presenta variación con lo dispuesto en los anteriores estatutos. Su capítulo primero, sin título, versa sobre los requisitos necesarios para lograr la incorporación al Colegio, apareciendo como nuevo valor el justificante de haber ingresado como miembro de la Mutualidad de Previsión para todos aquellos interesados que no hubiesen alcanzado los cincuenta años (art. 64 1.k). El capítulo segundo, "De los derechos y deberes del Colegiado", presenta una primera distinción formal al aparecer un doble encabezamiento por el que se agrupan de un lado los derechos y de otro los deberes, sin que el fondo informativo aumente o sufra merma. Les sigue a éstos un tercer apartado, "Término de la colegiación", que en un único artículo estipula cuando se dará por terminada la condición de colegiado.

" La condición de Colegiado finalizará:
1. Por fallecimiento del titular.
2. Por sanción impuesta a virtud de expediente disciplinario.
3. Por propia petición de baja del interesado.
4. Por presunta renuncia del Procurador a su profesión, que declarará la Junta de Gobierno en base a los siguientes supuestos:
a) Por haber transcurrido los términos de la ausencia o el de la licencia previstos en los artículos 83 y 84 del Estatuto, sin que por el colegiado se haya participado su regreso en la forma, modo y tras el requerimiento contenidos en el artículo 85 siguiente.
b) Por abandono de la residencia habitual unido a toda falta de comunicación de nuevo domicilio, durante un período no superior a un mes, que imposibilite al Colegio su localización a efectos corporativos y profesionales.
La decisión de baja como colegiado producida por cualquiera de los hechos que arriba se relacionan, será adoptada por la Junta de Gobierno, con audiencia del interesado, si se conociese su paradero, y dentro del oportuno expediente.
5. Por haber cesado en el ejercicio de la profesión, en virtud de condena en causa criminal, a la pena de inhabilitación absoluta o especial, mientras no obtuviese su rehabilitación."




















Por el capítulo tercero, "De las licencias para ausentarse", se anuncia que el periodo máximo por el que se puede extender una licencia son los seis meses, prorrogables por otros seis, siempre tras el pertinente permiso del presidente del Tribunal Superior de Justicia (art. 84).

Mucho más remozado que los dos anteriores aparece el Título tercero, "De la jurisdicción disciplinaria". De un único capítulo en 1980 pasamos ahora a tres, el primero de los cuales, "De las correcciones disciplinarias", aclara en que casos debe aplicarse la potestad disciplinaria del Colegio.

" La potestad disciplinaria sobre los colegiados, se ejercerá en los siguientes casos:
a) Vulneración de preceptos del Estatuto General o de los contenidos en él de este Colegio.
b) Comisión de actos contrarios a la ética y al decoro profesional, o de hechos que el concepto público tenga por infamantes, y que hagan al inculpado indigno de pertenecer a este Colegio, sean o no constitutivos de infracciones de otra índole."








Las comprendidas en el apartado a) del anterior artículo podrán ser leves, graves o muy graves, mientras que las encuadradas en el apartado b) se calificarán siempre como muy graves (art. 91). Serán leves las acciones u omisiones que no merezcan mayor consideración; graves la reincidencia en falta leve dentro del plazo de cinco años, la falta de pago de cualquiera de las cuotas a las que se ven obligados los procuradores, la deslealtad, la competencia ilícita, y el pacto de cuota-litis; como muy graves se considera la reincidencia en falta grave dentro del plazo de cinco años, y las expresamente señaladas en cualquier otro lugar de estos estatutos (art. 92). La prescripción de las leves será a los tres meses, de las graves al año, y de las muy graves a los dos años, tomándose siempre como fecha de partida aquella en la que se cometió la falta.

El capítulo segundo, "De las sanciones", dedica su artículo único a la formulación de las mismas.

" Las sanciones aplicables a las infracciones tipificadas en los artículos anteriores, son las siguientes:
1. A las infracciones leves:
a) Apercibimiento verbal.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Multa de 500, - a 10.000, - pesetas.
d) Reprensión privada.
2. A las infracciones graves:
Suspensión de uno a seis meses, debiendo satisfacerse previamente a la reincorporación del interesado cuantas prestaciones, cuotas o cargas tuviere pendientes de pago el mismo.
3. A las infracciones muy graves:
a) Suspensión de seis meses a dos años.
b) Expulsión."















Un tercer capítulo, "Del procedimiento sancionador", se detiene a considerar cómo debe exigirse y aplicarse esta responsabilidad de control por parte del Colegio. Dada la gravedad de una posible suspensión por más de seis meses o incluso de una expulsión, el acuerdo al respecto debe tomarlo la Junta de gobierno reunida al completo, salvo falta justificada, en votación secreta y por mayoría de dos tercios (art. 96). Además, se regula por vez primera la posibilidad de que el procurador juzgado fuese integrante de la Junta de gobierno del Colegio.

" Cuando el inculpado fuese miembro de la Junta de Gobierno o del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, será éste el competente para instruir y resolver el preceptivo expediente."






Los cambios básicos de los estatutos de 1989 en relación con textos anteriores se proyectan en tres líneas principales. En primer lugar en la aparición de dos nuevos cargos, el vicedecano, recuperación del tradicional mayordomo segundo, y el vicesecretario-archivero, figura que encuentra su identidad en el empeño por el cuidado y la conservación de los bienes documentales del Colegio, especialmente de su archivo. A ello le sigue la primera regulación escrita en unos estatutos de las causas que obligan a dar por finalizada la condición de colegiado, con lo que se cubre una importante laguna presente en anteriores textos normativos. Por último, la generosa ampliación del apartado disciplinario, con un Título tercero considerablemente engrosado tanto en el número de sus artículos como en el detalle al que se desciende en su análisis.

Finaliza aquí el recorrido por todos aquellos textos de gobierno a los que nos ha sido posible acceder. En ellos se refleja con meridiana claridad lo que ha sido el Colegio a lo largo de estos más de seis siglos de larga y fructífera historia, en especial en lo que a sus formas de organización y gobierno hace referencia. Si hubiese que reunir dicho periodo bajo una idea directriz, apostaríamos por aquella que asumiera la evolución sufrida por una cofradía nacida en 1396 en torno a unos valores de signo marcadamente religioso, y que se vio inmersa en un proceso de abandono de dichas señas de identidad especialmente acelerado a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, hasta alcanzar en el tramo último del XIX y comienzos del XX, un perfil mucho más acorde con el de una institución profesional moderna y volcada hacia la defensa de los intereses profesionales de sus individuos. Que el Colegio de Procuradores de Zaragoza haya tenido la sensibilidad necesaria para adoptar estos nuevos valores es una de las principales claves que nos permiten explicar su admirable longevidad.

No queremos despedirnos sin apuntar aunque sea de forma esquemática cuales son en nuestros días los grandes retos del Colegio. Habría que comenzar mencionando que tras la escisión de la Comisión de Ayuda de los Procuradores de Zaragoza (18 de junio de 1982), y la redacción de su reglamento de gobierno (14 de marzo de 1992), se decidió crear una fundación para la gestión de los asuntos mutualistas. Fruto de ello, y a través de la pertinente disposición legislativa, acaba de iniciar su andadura la Fundación Generoso Peiré Zoco, nombre dado en recuerdo del que fuera decano del Colegio durante los años de gestación de la Ayuda. La Fundación, que se declara heredera de los derechos y deberes anteriormente ostentados por la Comisión de Ayuda, es presidida por Serafín Andrés Laborda, a la sazón decano del Colegio.

En otro orden de cosas, y dentro del amplio muestrario de novedades que este final de siglo nos está ofreciendo, hallamos un vigor extraordinario en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías de la información. La nueva sociedad de la información es ya una realidad absoluta a la que el Colegio de Procuradores de Zaragoza, consciente de tan ineludible situación, no ha dudado en sumarse. Por ello, y no satisfecho con el desarrollo de una política de informatización de sus actividades burocráticas internas, ha sido pionero a nivel estatal en la planificación de una línea de actuación tendente a lograr la comunicación electrónica con los Juzgados de su ciudad. Con motivo de los actos de celebración de su VI centenario, el Colegio auspició unas jornadas en las que se reunieron destacados miembros no sólo de la procuraduría, sino de otros muchos ámbitos del entramado judicial. La primera de esas jornadas, bajo el título genérico de "Los Procuradores y la informática: las comunicaciones judiciales", trató de la urgente necesidad de iniciar un proceso de integración de los flujos de información mecanizada establecidos entre los distintos órganos judiciales, especialmente en lo referido a las zonas sensibles al interés propio del Colegio. Dos años más tarde, en la primavera de 1998, se destacaba como el primer colegio entre los de su clase en establecer una red informática de conexión permanente con los Juzgados radicados en su misma localidad. Aunque todavía es pronto para evaluar resultados, no puede negarse el interés de la medida adoptada, decididamente volcada hacia una mejoría no sólo en lo que respecta al trabajo diario del procurador o a la introducción de una mayor agilidad en la gestión administrativa del Colegio, sino también a un mejor funcionamiento de la administración de Justicia y, consecuentemente, en el servicio prestado al ciudadano.

Valga como colofón de esta recopilación de últimas noticias sobre el Colegio de Procuradores de Zaragoza, el confesado deseo por parte de su decano de buscar una sede más acorde con la dinámica de crecimiento y expansión en la que se ha visto envuelto el Colegio en los últimos años. El aumento en el número de sus individuos y el intento de ofrecer un más amplio abanico de servicios tanto a éstos como al resto de la ciudadanía, serían motivos más que suficientes para avalar dicha iniciativa. Quedamos así a la espera de una posible confirmación de tales proyectos, y sólo resta por desear que la sede elegida traiga al Colegio tan larga vida y tan amplia fortuna como fortuna y vida han supuesto para el mismo aquella reunión mantenida por los notarios causídicos de Zaragoza en un ya lejano 20 de agosto de 1396.


....... volver al capitulo anterior - ir al siguiente punto de la Historia -"Listado de Decanos "

Subir arriba subir arriba

     

Barra Inferior Correo de Contacto, zaragoza@procuradores.net Telefonos de contacto, 976 29 91 52 ,fax 976 29 36 98
     
- aviso legal -
Utilizamos cookies para asegurarnos de obtener su mejor experiencia en nuestra web. Consulte nuestro aviso legal para más información. Aceptar