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Zaragoza   jueves, 24 de agosto de 2017
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Historia del Colegio

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VI

Suplica-rehabilitacion 1813


    





     

Los Estatutos para el régimen del Ilustre Colegio de Procuradores de Zaragoza, tal es su leyenda, fueron aprobados en primera instancia por Junta general del Colegio de 20 de marzo de 1918, elevados para su revisión a la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial el 12 de abril, y definitivamente aprobados por ésta el 20 de mayo de ese mismo año. Para comenzar el estudio de los mismos, debemos atender a un dato de carácter histórico que en ellos se nos ofrece y que se refiere a la existencia de unos estatutos anteriores, que vendrían a intercalarse entre las ordenanzas de 1762 y las normas de 1918. Dichos estatutos, que tendrían fecha de 1894, ni se hallan en el archivo ni aparecen documentados en otros trabajos anteriores al nuestro, lo que induce a pensar en que su pérdida debió producirse durante las primeras décadas del siglo. Pese a la falta del testimonio directo, la noticia parte de una fuente tan solvente como son unos estatutos, con lo que no queda otra opción que reconocer el extravío del documento original, sin que podamos confiar en que un error tipográfico o de composición invalide el dato, ya que éste aparece citado por partida doble y de forma clara y expresa. Lo hace en primer lugar en la disposición transitoria tercera de los estatutos de 1918.

" Los presentes Estatutos, que son modificación, más bien de forma que de fondo, de los formados con fecha 30 de Junio de 1894 y aprobados por la Sala de Gobierno de esta Excma. Audiencia en 29 de Septiembre de aquel año, habrán de someterse a la misma aprobación, y una vez obtenida, serán obligatorios, procediéndose a su cumplimiento."







Y más adelante en la solicitud de Gregorio Enciso Vivas, decano del Colegio, dirigida a la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial.

" Que el artículo 7.º de los actuales Estatutos por que se rige esta Corporación (que son los formados el año 1894), en su número 10.º, reconoce como atribución de su Junta general, la de proponer a las Autoridades competentes, la reforma de todo o parte de aquellos, determinando su artículo 9.º, que esa reforma puede acordarse lo mismo en Junta general ordinaria, que extraordinaria.
Y el Colegio, haciendo uso de esa atribución, tiene acordado llevar a cabo aquella reforma, recogiendo acuerdos diseminados en sus actas, dando cabida en ellos a costumbres que el uso ha sancionado, e incorporando preceptos que en otros Colegios de Procuradores se ha visto que dieron excelentes resultados.
En esta forma se redactó un proyecto conservando en su integridad la gran mayoría de los preceptos del actual, si bien modificando mucho el plan de su desarrollo."













La datación de esos perdidos estatutos (1894), es por demás significativa. Tal y como antes mencionábamos, en la segunda mitad del siglo XIX se producen una serie de novedades y cambios legislativos que afectarán a la clase en su conjunto y que forzosamente debían incidir en el gobierno interno del Colegio. Pensemos simplemente en la obligatoriedad de valerse de procurador que salvo para casos excepcionales había universalizado la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, la derogación del numerus clausus o la obligada colegiación establecida por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, el Reglamento de exámenes de 1871, la creación del Registro de aspirantes en 1893, etc. Todo ello fortalece la creencia en la real existencia de los estatutos de 1894, que vendrían a acomodar las reglas de funcionamiento del Colegio a los nuevos tiempos. Y aunque la pérdida de estas normas sea un hecho desgraciado e irreparable para el Colegio, podemos hallar consuelo si creemos en lo que el último texto antes citado nos anuncia en su línea final, y que no es otra cosa que la semejanza de fondo entre lo dispuesto por los estatutos de 1894 y lo establecido en los de 1918. Tesis que podemos avalar si consideramos los escasos cambios que la legislación sufre durante estos años, en contraposición a los que habían tenido lugar en las décadas inmediatamente anteriores. Unos y otros debieron variar fundamentalmente en cuanto a la forma se refiere, es decir, en su estructura y presentación textual. Refuerza esta idea la comparación de los estatutos de 1918 con los de años posteriores, visión que nos muestra una estructura muy similar para todos ellos, compartimentados en Títulos, capítulos y artículos, frente a lo que veíamos en las ordenanzas de 1762 en las que el articulado se presentaba a texto corrido, sin más divisiones o apartados que los que cada artículo establecía de por sí. Para finalizar con esta cuestión, y a modo de resumen, podemos decir que los extraviados estatutos de 1894 debieron significar una profunda variación de fondo respecto a los anteriores de 1762, mientras que tal vez el cambio no sería tan acusado en cuanto a la forma; por contra, no se producirían grandes diferencias ideológicas entre los de 1894 y los de 1918, aunque sí en cuanto a la organización y estructuración de su contenido.

Entrando ya de lleno en los estatutos de 1918, decir que constan de ciento ocho artículos y tres disposiciones transitorias, repartidos entre un Título primero, compuesto por cinco capítulos, y un Título segundo, integrado por siete. El Título primero, "De la organización y gobierno del Colegio", trata de los asuntos generales del Colegio, de sus ingresos y gastos, así como de todo lo referido a sus miembros, caso de la admisión, los derechos y obligaciones, o la política disciplinaria a que se hallan sometidos. El Título segundo, "De las Juntas del Colegio", versa sobre los distintos órganos de gobierno del mismo, desde la Junta general a la de gobierno, incluyendo el análisis de los cargos de que se compone ésta última, caso del decano, los diputados, el tesorero, y el secretario-archivero.

Comenzaremos con el estudio del capítulo primero del Título primero, "Del Colegio", en cuyo artículo cuarto, de claras resonancias historicistas, se reitera y reafirma la veneración del Colegio a su patrón y protector, Santo Tomás de Aquino, cuya festividad, que será también la del Colegio, deberá celebrarse el día 7 de marzo de cada año o en su defecto, y siempre que lo anterior no fuese posible, al siguiente domingo. Apenas se observa en esto modificación respecto a las ordenanzas de 1762, las cuales establecían en su primer capítulo (por artículo), el segundo domingo del mes de marzo como fecha de celebración.

En otro orden de cosas, es importante destacar que son estos los primeros estatutos en los que ya de partida se establece quienes constituyen el Colegio.

" El Ilustre Colegio de Procuradores de Zaragoza, lo constituyen todos los Procuradores legalmente habilitados para ejercer la profesión ante los Tribunales y Juzgados de esta capital, que hayan obtenido, a su instancia, la incorporación al mismo."






Al ingreso se le dedica todo el capítulo segundo, "Del ingreso en este Colegio", y en él se establece como requisitos para el mismo la oportuna solicitud dirigida al decano y acompañada de los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones legalmente exigidas, la satisfacción de la cuota de ingreso, y la presentación del justificante de alta en la contribución industrial. El punto más polémico resultó ser la cuota o fianza de ingreso, que el Colegio había establecido inicialmente en mil pesetas, la mitad si el solicitante era hijo de colegiado, y que más tarde la Sala de Gobierno de la Audiencia, a propuesta del fiscal, redujo a quinientas. El asunto desbordaba las fronteras del Colegio, ya que la polémica se extendía a todo el país, siendo uno de los temas recurrentes de las últimas Asambleas Generales. Así fue hasta que por el Real Decreto de 19 de abril de 1920 se elevaron de forma considerable las fianzas, quedando incluido el Colegio en el módulo de los de Audiencia Territorial, lo que suponía alcanzar las veinte mil pesetas, cifra muy superior a las quinientas que en los estatutos se habían planteado.

El capítulo tercero, "De las obligaciones y derechos de los Colegiales", resulta uno de los más extensos, y en él se trata fundamentalmente de los derechos y deberes de los colegiados tanto en relación con el Colegio como con el ejercicio de su profesión. En relación con los usos y atributos debidos a la representación procesal y a la práctica profesional, destaca el artículo duodécimo.

" Ningún individuo del Colegio gestionará para adquirir la representación de los litigantes por otros medios que los que el decoro y la dignidad profesional permiten; prohibiéndose en absoluto prestar su firma a persona alguna que por sí misma gestione negocios civiles judiciales, y sólo podrá hacerse consiguientemente a cualquiera de los individuos del Colegio, que son los únicos autorizados para ello."







Queda así protegido el Colegio del siempre pernicioso intrusismo, y a su vez se regulan las formas de comportamiento profesional mantenidas por sus individuos, con lo que se está en camino de evitar roces y posteriores enfrentamientos entre los mismos. Siguen al citado artículo otros de similares características, en especial en relación con la aceptación de asuntos ya iniciados por otro compañero, la obligada denuncia de los abusos cometidos por un procurador, o con el turno establecido entre todos los colegiados de las causas criminales y negocios civiles de oficio.

La satisfacción a la hacienda del Estado de las cargas impositivas a que estaban sometidos los procuradores, incluidos dentro de la clase de las profesiones del orden judicial, se materializaba mediante el reparto de una misma cuota para todos los profesionales, quedando el Colegio en último término como encargado de efectuar el correspondiente pago.

" Todos los Sres. Colegiales en ejercicio satisfarán igual cuota contributiva por el ejercicio profesional, a cuyo fin, en los repartimientos gremiales habrá una sola cuota consistente en la misma cantidad que el Tesoro público impone, y sus recargos legales."






Finaliza este capítulo tercero con uno de los temas que venimos rastreando a través de textos anteriores, y que no es otro que la protección mutual de los miembros del Colegio. Desde las ordinaciones de 1396 hasta los informes sobre la constitución de Montepíos datados hacia 1830, los asuntos mutualistas han estado íntimamente ligados a la historia del Colegio. Mas será en los presentes estatutos donde al fin hallan el merecido acomodo, pues a ellos se les dedican cuatro artículos (arts. 21-24). Con ser esto importante lo es menos si consideramos que la única opción considerada resulta ser la del fallecimiento de un colegiado, sin que se posibilite la protección del Colegio en caso de enfermedad, accidente o vejez. El margen de maniobra continúa siendo exiguo, y de hecho se limita la protección a la tradicional opción de ayudar en el entierro del compañero fallecido, tal y como ya ocurría en el texto de 1396. De acuerdo con la nueva constitución del Colegio, se establece una diferenciación entre colegiados en ejercicio y colegiados sin ejercicio. En el entierro o funerales de los segundos, el Colegio se limita a enviar una representación previa invitación de la familia del fallecido (art. 23). Caso de fallecimiento de un colegiado en ejercicio, además de lo anterior, se destina a sus familiares directos una ayuda económica por importe de quinientas pesetas (art. 21), reducida a un máximo de doscientas cincuenta pesetas si los destinatarios fuesen familiares de segundo grado (art. 22).

El capítulo cuarto, "De los arbitrios y gastos", compuesto por dos únicos artículos, dedica el primero de ellos a recopilar los que constituyen los ingresos del Colegio (art. 25), y el segundo a sus gastos (art. 26). Entre los primeros figuran las cuotas de entrada, los sellos o estampillas de aceptación, las multas por infracciones al código disciplinario, los derechos por la extensión de certificaciones, por la inscripción en el registro de aspirantes, la realización de exámenes, la venta de programas, así como cualquier otro derecho que el Colegio pudiera en su caso establecer. Entre los segundos destacan los ocasionados por las celebraciones con motivo de la fiesta anual, los gastos de material administrativo, el socorro mutual, etc. En conjunto nada que destacar, ya que continuamos en la línea del pago de sanciones, del cobro de derechos de inscripción y examen, de los gastos protocolarios, etc.

Más aportaciones nos ofrece el capítulo quinto, "De las correcciones disciplinarias", que ya en su primer artículo instaura una gradación de las correcciones que con ciertas modificaciones ha servido de base para el desarrollo de posteriores textos estatutarios.

" Se entienden como tales correcciones disciplinarias, las siguientes:
1.ª La prevención.
2.ª La reprensión.
3.ª La multa de dos a cincuenta pesetas, siempre que no sea por falta de asistencia a las sesiones a que fuere citado el Sr. Colegiado, a no incurrir en ésta por tercera vez en el transcurso de un año, en cuyo caso, la tercera se entenderá ya como corrección disciplinaria.
4.ª La suspensión de uno a seis meses.
5.ª La expulsión perpetua del Colegio."











A las ya anteriormente contempladas sanciones de carácter económico, de suspensión temporal, o de expulsión definitiva, se suman dos modalidades hasta ahora no descubiertas: la prevención, y la reprensión. La diferencia entre ambas estriba en que la prevención resulta una llamada de atención hecha por el decano al infractor con carácter privado (art. 30), mientras que la reprensión lo es ante la Junta de gobierno (art. 31). Para el control de las infracciones se estipula la existencia del correspondiente libro de correcciones (art. 34), que llevará el secretario, así como la anotación de la misma mediante diligencia en el expediente personal del interesado. Llegada la expulsión, el afectado podrá interponer recurso de alzada ante la Sala de Gobierno de la Audiencia (art. 37), mas si éste resulta desestimado el procurador no podrá solicitar la reincorporación al Colegio (art. 35).

Tal y como ya hemos indicado, el Título segundo, "De las Juntas del Colegio", versa sobre los distintos órganos de gobierno, caso de las Juntas generales y la de gobierno, del decano, los diputados, el tesorero, y el secretario-archivero. El capítulo primero, "De las Juntas generales", las divide en ordinarias y extraordinarias (art. 41), lo que directamente nos retrotrae a los capítulos generales y extraordinarios que han venido jalonando la centenaria historia del Colegio. La razón de las primeras nos la da el artículo cuarenta y dos.

" Serán ordinarias las que se celebren para tratar de los asuntos generales del Colegio. Sólo se celebrará una Junta general ordinaria en cada año, la cual se reunirá en la primera decena del mes de Diciembre, previa convocación de todos los individuos del Colegio"






Y de las segundas el cuarenta y tres.

" Serán extraordinarias:
1.º Las que acuerde la Junta de gobierno o el Decano.
2.º Las que soliciten tres individuos del Colegio, dirigiéndose por escrito al Decano y manifestando el objeto para que se pide."







Es la Junta general ordinaria la que tratará los asuntos clave para el gobierno del Colegio, especialmente en lo que respecta al nombramiento de cargos, mientras que la extraordinaria se dedicará generalmente a asuntos que surjan de forma puntual en el tiempo y para cuyo tratamiento y estudio se requiera la aportación del colectivo en su conjunto, así como para temas que por sus especiales características pudieran conllevar el nacimiento de polémicas o enfrentamientos entre los colegiados.

El capítulo segundo, "De la Junta de gobierno", supone el auténtico centro nuclear del Título segundo y tal vez de todo el texto estatutario, pues no por casualidad viene a considerarse en él al verdadero órgano de gobierno y dirección del Colegio, cual es su Junta de gobierno. Comienza el capítulo con el establecimiento de quienes componen dicha Junta.

" La Junta de gobierno de este Ilustre Colegio, se compondrá del Decano, dos Diputados, un Tesorero y un Secretario-archivero."





Lo primero que llama la atención es lo reducido de su composición, cinco individuos, cuando lo más habitual a lo largo de la historia había sido la reunión de nueve personas, cifra mítica para el Colegio si recordamos a los tantas veces mencionados nueve colegiados más antiguos. Sustituido el mayordomo por el decano en 1872, y desaparecido el segundo de aquel, se mantienen tras los consabidos vaivenes históricos las figuras del tesorero y del secretario, responsable el uno de lo económico y de lo administrativo el otro, mientras que los diputados tendrán como función principal la de sustituir en determinados supuestos a los anteriores. Habla el articulado de los requisitos necesarios para formar parte de la Junta de gobierno, entre los que destacan el no haberse hecho merecedor de corrección disciplinaria alguna desde la permanencia en el Colegio (art. 71), o el poseer una cierta veteranía en el mismo, que en el caso del decano se formula al hallarse comprendido en el primer tercio de antigüedad de la lista de colegiados (art. 72). Artículo significativo es el que versa sobre la renovación fraccionada de los cargos, medida adoptada con vistas a potenciar la estabilidad del Colegio, ya que al cese del decano, diputado segundo y secretario, debían seguir un año más tarde el del tesorero y el del diputado primero (art. 75). En cuanto a las atribuciones de la Junta de gobierno, podemos destacar alguna de ellas.

" Corresponde a la Junta de gobierno:
1.º Vigilar porque todos los Colegiados cumplan puntualmente lo que por estos Estatutos se determina; las disposiciones del Gobierno que le sean concernientes; las de los Tribunales y Autoridades y los acuerdos de las Juntas.
2.º Cuidar con el mayor celo porque los colegiados desempeñen su cargo de Procuradores con el decoro, diligencia, pureza y demás circunstancias que deben contribuir al buen nombre de la Corporación.
3.º Velar por el decoro profesional y porque sean guardadas a todos y cada uno de los Sres. Colegiados, las preeminencias y consideraciones que le son debidas.
(...)
15.º Sostener constante relación con los demás Colegios de Procuradores de España, especialmente con el de Madrid, y de un modo singular con la "Comisión ejecutiva" de la clase y con los compañeros del territorio de esta Audiencia."















Si los dos primeros puntos procuran por el cumplimiento efectivo de las obligaciones de los colegiados, tanto en sus relaciones con otros órganos de la administración como en el desempeño de sus actividades profesional, el tercero compensa estas exigencias al cuidar por la defensa y protección de aquellos. El punto décimo quinto y último ilustra sobre la importancia que a comienzos del presente siglo tenían las relaciones de apoyo y auxilio entre los profesionales de todo el país, constituido el núcleo madrileño, dada su evidente cercanía a los centros del poder del Estado, como punto de encuentro del resto de procuradores españoles. Debe también destacarse la mención a la "Comisión ejecutiva", creada por la Asamblea de 1914 y dirigida por el decano de Madrid, Luis Soto Hernández, que resultaba ser el órgano máximo de la clase entre Asambleas.

El capítulo tercero, "De la elección de la Junta de gobierno", sitúa dicha elección en el mes de diciembre, en concreto en la Junta general ordinaria de ese mes, con lo que de nuevo se altera la fecha elegida para la celebración del sufragio. Se desvincula así la fiesta del Colegio, el día 7 de marzo (art. 4), de la renovación de cargos, que pasa al mes de diciembre. Los motivos pueden deberse a razones puramente prácticas, ya que compaginar la celebración de la festividad del Colegio con la elección de su Junta de gobierno no debía resultar ni sencillo ni funcional, pudiendo un acto interferir en otro hasta el grado de provocar serias distorsiones en cualquiera de ellos.

A partir de este momento cada capítulo se dedicará a un órgano unipersonal de los que componen la Junta de gobierno del Colegio. El cuarto, "Del Decano", compuesto por un único artículo, instituye a éste como máximo representante y portavoz del colectivo.

" El Sr. Decano es el Presidente de la Corporación, y le corresponden las siguientes atribuciones:
1.ª Convocar y presidir todas las Juntas y comisiones y cumplimentar y hacer cumplir sus acuerdos.
2.ª Dirigir las discusiones, haciendo que se guarden el orden y decoro debidos.
3.ª Abrir y cerrar y suspender las sesiones.
(...)
5.ª Vigilar con especial interés por el buen comportamiento de los Sres. Colegiados y porque se les guarden, a su vez, las atenciones y preeminencias que les son debidas; y velar por el decoro de la Corporación."











Aparecen así claramente delimitadas las obligaciones y prerrogativas del cargo, que como no podía ser de otra manera se refieren a temas que con muy escasas variaciones venían siendo motivo de ocupación desde hacía largos años. Gracias a la enumeración de las actividades del decano, tenemos por vez primera noticia de que el Colegio se servía de empleados para la realización de ciertas tareas administrativas y de gestión interna, tal y como aparece reflejado en el punto décimo del antes mencionado artículo noventa y siete.

" 10.ª Suspender y nombrar interinamente a los dependientes del Colegio, dando cuenta inmediatamente a la Junta de gobierno."





Sobre este particular podemos añadir que por un documento de 23 de julio de 1873, dado en respuesta a otro de 20 del mismo mes y año, sabemos que en aquellas fechas el Colegio todavía no se había visto en la necesidad de contratar personal para la realización de las tareas administrativas generadas por el mismo. Que en los estatutos de 1918 aparezca reflejada esta nueva realidad es un indicador sumamente válido que nos permite valorar el crecimiento del volumen de ocupación del Colegio, el cual resulta directamente proporcional al crecimiento de la actividad profesional de sus individuos. La cada vez mayor complejidad del entramado administrativo, la proliferación de medidas en el ámbito judicial, y el mayor peso de la clase a la hora de defender sus intereses particulares, son también puntos de apoyo que explican el mayor índice de actividad que se da en el Colegio, que por vez primera a lo largo de su historia vemos como abre sus puertas, en calidad de empleados, a personas ajenas al mismo.

El capítulo quinto, "De los Diputados", se centra en establecer las similitudes y diferencias entre el diputado primero y el segundo. Las similitudes fundamentales son la obligación de asistir a las Juntas, vigilar la conducta profesional de los colegiados, y desempeñar las comisiones y elaborar los informes que se les pudieran encomendar. Las diferencias radican en que el diputado primero será en su caso el sustituto preferente del decano, mientras que el diputado segundo lo será del tesorero y del secretario.

" A uno y a otro corresponden las funciones siguientes:
1.ª Sustituir al Sr. Decano por orden correlativo de numeración, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad, incompatibilidad o cualesquiera otros.
2.ª Sustituir a los Sres. Tesorero y Secretario, en idénticos casos, por orden inverso de numeración."







El capítulo sexto, "Del Tesorero", confirma a éste como máximo gestor económico del Colegio, tal y como podemos apreciar por su primer artículo.

" El Tesorero es a quien el Colegio confía la vigilancia sobre la buena administración o inversión de los fondos del mismo. Como tal, gestionará y propondrá cuanto crea conducente a dicho objeto."





Además de la administración del capital del Colegio, el tesorero se ocupará ahora también y por mandato estatutario del incremento del mismo, lo que posibilitará una mayor dinámica en la gestión económica, amén de un aumento en la rentabilidad del patrimonio de la institución.

Por último, el capítulo séptimo, "Del Secretario-Archivero", coloca a éste a la cabeza de la gestión administrativa del Colegio, ya que seguirá siendo el responsable del levantamiento de actas, de llevar los libros de acuerdos, de correcciones disciplinarias y de correspondencia, de autorizar las convocatorias de reunión, expedir libramientos, cuidar la formación de los expedientes personales, etc. Tendrá además una especial relación con las labores relacionadas con los bienes documentales del Colegio.

" 8.º Tener a su cuidado el archivo del Colegio, organizando los libros y documentos del mismo."




Tras el análisis de los estatutos podemos concluir con la misma aseveración que hacíamos al comienzo de su repaso, y que no es otra que la consideración de que con ellos el Colegio alcanza su definitiva mayoría de edad, forjando la estructura interna, el reparto de funciones y el desempeño de responsabilidades que mantendrá vigentes hasta el día de hoy. Las modificaciones que a partir del año 1918 irán apareciendo se deberán más a obligados cambios motivados por la promulgación de nuevas disposiciones administrativas a las cuales el Colegio deberá obligado acatamiento, que a cambios surgidos desde el interior del mismo. Sólo esta particularidad, el abundante caudal tanto normativo como legislativo que se generará a lo largo del presente siglo, puede ser explicación adecuada a que en el transcurso de apenas setenta años, los que van de 1918 a 1989, el Colegio deba redactar para su gobierno cuatro textos estatutarios diferentes, aunque como veremos en las próximas páginas, la variación entre los mismos apenas supera en muchas ocasiones cuestiones de mero detalle.


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