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Zaragoza   jueves, 29 de junio de 2017
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Historia del Colegio

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VI

Suplica-rehabilitacion 1813


    





     

Los avatares que la ciudad de Zaragoza sufrirá a comienzos del siglo XIX van a incidir de forma directa en el Colegio, provocando situaciones que lo alejarán drásticamente de sus habituales ocupaciones. Hallar una explicación es tarea por demás sencilla, y basta para ello con prestar la debida atención a las especiales circunstancias que la capital aragonesa, allá por el año 1800, iba a padecer. A finales de ese mismo año Zaragoza se prepara para impedir la entrada de una epidemia infecciosa que llegada desde el sur español amenazaba con extenderse por toda la ribera del Ebro. La Junta de Sanidad del reino tomó cartas en el asunto y prescribió la creación de las que se denominaron guardias cívicas de carácter sanitario, cuya función era vigilar las distintas puertas de la ciudad para impedir la intrusión del contagio. Se determinó que las mismas estarían formadas por grupos ciudadanos reunidos en atención al nivel social y a la actividad profesional de sus individuos, tal y como correspondía a una sociedad altamente estigmatizada por la separación de las clases. El Ayuntamiento de la ciudad, encargado de la formación de dichas guardias cívicas, no incluyó a los procuradores en la clase que según estos les pertenecía, con lo cual se abrió la vía del agravio. En reunión del Colegio, celebrada el 17 de diciembre de 1800 y reflejada en el correspondiente libro de actas, se determinó la protesta que aquel mal reparto merecía.

" Finalmente se trató del agravio que acababa de irrogar al Colegio y demás procuradores, el Ayuntamiento de Zaragoza con el turno de las guardias cívicas establecidas en preservación del contagio que se padece en Andalucía, y habiéndose tratado largamente sobre la materia y oídos los dictámenes de algunos señores individuos de la Junta, resolvieron representar a la ciudad para que repare el agravio volviéndolos a la clase y turno de la Audiencia en que se hallaban, y quedaron comisionados dichos señores conmigo el secretario, y sin haberse tratado otra cosa se disolvió la Junta lo que certifico."









Tres días después se dirigió un recurso de súplica al Ayuntamiento de la ciudad, que al resultar desestimado obligó al Colegio a dirigirse al capitán general del reino en atención al cargo que éste ocupaba como presidente de la Junta de Sanidad. Su falló, que sería ya definitivo, fue favorable a los intereses de los procuradores, tal y como se anota en el libro de actas antes citado.

" (...) se hizo el recurso a la ciudad y como hubiese negado la solicitud se acudió a su excelencia el capitán general como presidente de la Junta de Sanidad, y mandó que a los procuradores les coloque el Ayuntamiento en la misma clase de los de Audiencia, esto es, de escribanos de cámara y notarios del número, que con los hijosdalgo y otras personas de distinción consumen el segundo turno."







Similar situación volvió a sufrir la ciudad cuatro años después, cuando una nueva epidemia de peste, proveniente esta vez del Levante español, amenazó la sanidad de la población zaragozana. El Ayuntamiento estableció nuevas guardias sanitarias y nuevos turnos de vigilancia, aunque en esta ocasión, posiblemente prevenidos por conflictos anteriores, decidió no hacer práctica la distinción de clases a la hora de confeccionar los grupos de control que debían establecerse en las puertas de la ciudad. Por su parte, la Real Junta de Sanidad publicó el 27 de octubre de 1804 un edicto por el que solicitaba la contribución económica de los vecinos de la capital, al que siguió un oficio del capitán general sobre idéntico asunto, lo que motivó que Pedro Nolasco Guillén, mayordomo primero del Colegio, convocase con fecha de 17 de diciembre una reunión del mismo.

"(...) ver un oficio dirigido al mismo por el excelentísimo señor capitán general (que se leyó), relativo a que se contribuyere con alguna cantidad para la construcción de lazaretos con motivo de las actuales circunstancias y peste que había en algunas poblaciones de España, y para preservación de ella en esta ciudad. Y habiéndose tratado sobre ello se resolvió se diesen y pusiesen en poder del depositario de este ramo, don Miguel Dolz, doscientos reales de vellón, y para ello se pasase oficio por el infrascripto secretario a los señores don Pedro Gil de la Corona y don José Ribas, para que en el término de segundo día pusieren en poder del tesorero, don Mariano Sebastián, las cantidades que respectivamente se hallaban debiendo al Colegio en razón de sus ingresos al mismo, para con ellas poder entregar dichos doscientos reales para el fin expresado."












A modo de resumen, podemos entresacar de todas estas informaciones algunas conclusiones importantes. De un lado, la imbricación del Colegio con la sociedad zaragozana, especialmente intensa cuando avatares y peligros se cernían sobre ésta; de otro, la distinción social que la clase mantenía, tal y como lo demuestra su inclusión en el grupo de los de Audiencia.

Reanudando el estudio de las cuestiones de gobierno interno del Colegio, decir que los primeros años del siglo XIX traerán al mismo nuevos asuntos que vendrán a sumarse a otros que ya antes eran motivo de especial atención, tales como el pago de la contribución o el ingreso de nuevos colegiados. Nos referimos por ejemplo a las reclamaciones presentadas para que se concediera a los procuradores el derecho de asistir a las reuniones y conferencias previas a los juicios, lo que motivó la incoación de un expediente para que tal derecho fuese concedido. Tras la intervención del tasador de la Real Audiencia para determinar el cobro de estos derechos (tanto los derivados de la asistencia a las conferencias como los resultantes de la aplicación de las costas judiciales), el Supremo Consejo dictó una Real Provisión, con fecha de 20 de julio de 1803, favorable a las pretensiones del Colegio. Otro problema igualmente espinoso fue el creado por la actuación de aquellos individuos que, sin estar en posesión del título requerido, practicaban ante los tribunales la representación procesal. El intrusismo, asunto presente desde tiempo atrás y que todavía resurgirá en el siglo XX, vuelve así a ocupar un lugar preferente entre las preocupaciones de los profesionales de la procuraduría. Por la documentación conservada en el archivo, sabemos que el Colegio elevó una primera súplica sobre el particular en 1801, a la que siguieron otras en años posteriores sin que ninguna obtuviese la anhelada respuesta. Hubo que esperar hasta 1815 para que por un auto dictado por la Real Audiencia se reconociera a los procuradores la exclusividad de intervenir como representantes de parte. Pese a la tardanza, las pérdidas, y las incomodidades padecidas por estos profesionales, el legislador acabó por reconocerles un derecho de vital importancia para el próspero desarrollo de su actividad profesional.

Mas pronto los largos y profundos pasos de la historia vinieron a anegar estos pequeños sucesos de la vida ordinaria. En el verano de 1808 Zaragoza se prepara para el primer asedio de las tropas francesas. Ni que decir tiene las terribles consecuencias de este hecho, que serán aún más acusadas cuando, tras una inicial retirada, los reforzados ejércitos napoleónicos inicien un segundo asalto a la ciudad a finales de ese mismo año que concluirá con la rendición de la capital, firmada en el mes de febrero de 1809 tras más de dos meses de completo aislamiento. El episodio pasará a la historia con el sobrenombre de los Sitios de Zaragoza.

Una de las primeras repercusiones que la guerra provocó en el Colegio fue la ocupación y posterior destrucción del convento de Santo Domingo, cuna de su nacimiento y sede del mismo desde aquel lejano 1396. El último capítulo general que pudo celebrarse en él tuvo lugar el 13 de marzo de 1808, ya que a partir de entonces las reuniones debieron celebrarse en casa del primer mayordomo, Antonio Pallarol. Por una reunión del capítulo ordinario de 30 de octubre, se nos informa de la toma del convento como sede y cuartel de las tropas españolas. Esta implicación del recinto conventual en la dinámica bélica forzará su casi total destrucción durante el segundo Sitio, en el invierno de 1808, y aunque desconocemos qué haberes perdió el Colegio al tener que abandonar su lugar natural de reunión, no es aventurado suponer que cierta documentación quedase en el camino, amén de otros muchos objetos de alto valor histórico que hasta ese momento eran conservados en la capilla del convento. A partir de este instante los procuradores inician un largo peregrinaje en busca de un lugar adecuado y conforme en el que celebrar sus reuniones y actos colectivos, recorrido que tendrá sus primeras estaciones en los domicilios particulares de los distintos cargos del Colegio, especialmente en las casas de mayordomos y secretarios.

Tras la caída de la ciudad en manos francesas, las nuevas autoridades pasan a ocupar los puestos de mando y gobierno. Junto al recién nombrado gobernador general, conde de Suchet, la persona que desarrollará una más intensa relación con el Colegio será Mariano Domínguez, comisario general de policía en Aragón y como tal encargado de conceder autorización para las reuniones en las que interviniese un cierto número de personas. Así, para la celebración de sus distintos capítulos, el Colegio debía elevar al citado Mariano Domínguez la pertinente solicitud de autorización, que éste concedía mediante firma al margen. Durante un breve periodo, de 31 de mayo a 4 de agosto de 1812, las reuniones se celebraron en el domicilio de Mariano Castillón, teniente de policía. Más tarde, desde el 7 de marzo hasta el 4 de abril de 1813, la sede elegida fue la casa del mayordomo primero, si bien se debió permitir la presencia en las reuniones de otro teniente de policía, Pedro Rodríguez.

Al igual que el resto de entidades, corporaciones y colectivos tanto públicos como privados de la capital, el Colegio de Procuradores de Zaragoza tuvo que mostrar su acatamiento a la nueva realidad. Un novedoso escenario presidido por un monarca, José Napoleón I, que mediante un Real Decreto de 16 de febrero de 1809 reclamará hacia su persona juramento de fidelidad, tema sobre el cual el Colegio deberá tratar en reunión de 7 de agosto de ese mismo año, y cuya prestación obviamente no podrá excusar. A estas sin duda penosas obligaciones hay que sumar la difícil situación particular de los procuradores zaragozanos, que a los desastres de la guerra deberán añadir la práctica desaparición de sus actuaciones profesionales, ya que la coyuntura por la que atraviesan los habitantes de la capital durante los meses de ocupación no será la más propicia para entablar pleitos y procesos. Por tal motivo, tanto el Colegio como algunos de sus individuos de forma particular, elevaron a la Junta de Real Contribución varias súplicas para que se rebajase el importe que éstos debían satisfacer en concepto de contribución, súplicas que fueron sistemáticamente rechazas por la mencionada Junta.

En otro orden de cosas, cabe señalar que incluso el número de procuradores se vio afectado por la guerra, y no fueron más de quince o dieciséis los que sobrevivieron a la contienda, lo cual provocó que durante el trienio 1812-1814, el Colegio tuviera que prescindir del cargo de mayordomo segundo. Ello fue causa de un grave conflicto interno que estalló con el recurso presentado por Antonio Pallarol a su nombramiento como mayordomo único (1812), y que mantuvo dividido al Colegio hasta que un año más tarde se produjo una nueva designación por la que resultó elegido para el cargo Pedro Gil de la Corona. Para concluir con lo sucedido durante el periodo de ocupación, añadir que el Colegio se vio sometido a distintas peticiones de colaboración económica, unas para la celebración de festejos en honor de las tropas francesas, y otras para ayudar al sustento y pertrechamiento bélico de las mismas. En cuanto a las primeras, destaca el manifiesto del Ayuntamiento de Zaragoza de 17 de mayo de 1810, al que seguirá un día más tarde la correspondiente circular, con motivo de la toma por parte del general Suchet de la plaza de Lérida, actos a los que el Colegio contribuirá con una donación por importe de cuatrocientos reales de vellón. En cuanto a las segundas, podemos citar un recibo de contribución extendido por Mariano Domínguez con fecha de 1 de octubre de 1809, y cuyo destino último es la colaboración del Colegio al establecimiento de una brigada de apoyo al Ejército, así como un edicto del Ayuntamiento de la capital, de 16 de abril de 1810, publicado con motivo del decreto imperial que establece la recaudación de fondos para aprovisionar a las tropas estacionadas en Aragón.

Libre Zaragoza de los ejércitos franceses en agosto de 1813, se abre para los procuradores de esta ciudad un periodo casi tan difícil y complejo como el que acabamos de clausurar. Periodo que comprende desde el año 1813 hasta 1816, y que estará presidido por una palabra clave, rehabilitación. Por tal concepto debemos entender el deseo de un surtido colectivo de profesionales, entre los que obviamente se hallaban los procuradores, por recuperar las dignidades, cargos, puestos o funciones, que venían desempeñando hasta 1808, anhelos que tras la obligada convivencia provocada por la ocupación debían recibir el visto bueno y la conformidad de quienes estuviesen capacitados para concederlos, que en el caso del Colegio era la Audiencia de la capital. Las solicitudes elevadas a la misma se inician incluso antes de la definitiva rendición de las tropas francesas (los primeros documentos se datan en julio de 1813, cuando la capitulación de los últimos soldados imperiales tuvo lugar en agosto), lo que indica la urgente necesidad de su resolución, ya que sin la oportuna rehabilitación el procurador quedaba seriamente menguado en sus atribuciones y prerrogativas profesionales. Pero la urgencia que poseía a los procuradores no encontró su paralelo en los órganos de la administración de Justicia, prueba de lo cual es que hasta comienzos de 1816, es decir, a casi tres años de su inicio, el proceso seguía sin resolverse.

Por la documentación conservada sabemos que en ocasiones las súplicas fueron de carácter individual y en ocasiones colectivo, que se llegaron a crear modelos para las mismas, que en los procesos intervinieron diversos cargos y personajes, destacando entre ellos Salvador Campillo, jefe político de Aragón, y José Limonta, jefe político de la provincia de Zaragoza. Que se recurrió al Ministro de la Gobernación, Juan Álvarez Guerra, y que incluso Pedro Nolasco Guillén y Mariano Moliner, elevaron su súplica hasta el mismísimo Fernando VII. Un año antes, el 24 de julio de 1813, Pedro Gil de la Corona y Pedro Nolasco Guillén, ante el estancamiento de la situación, habían solicitado como medida de presión que se les relevará de sus cargos en tanto no se produjese la rehabilitación colectiva del Colegio. La situación alcanzó tal grado de tensión que entre los mismos procuradores surgieron ciertos roces, como se demuestra por una súplica de 4 de enero de 1814 en la que Mariano Sebastián y Ramón Lafiguera solicitan la no rehabilitación de algunos compañeros. Sólo a partir de 1816 nos encontraremos a los procuradores ya rehabilitados para poder seguir ejerciendo sus competencias profesionales ante los tribunales de la Audiencia de Zaragoza, con lo que concluye uno de los episodios más incómodos y negativos que el Colegio de Procuradores de esa ciudad ha sufrido a lo largo de su historia.

Solventado el problema, el Colegio seguirá en años posteriores padeciendo los continuos vaivenes políticos, sociales y militares, que hacían presa en el resto del país. El conflicto más inmediato será la pugna entre los partidarios de la Constitución de 1812 y los realistas fieles a Fernando VII, que tuvo lugar durante el denominado trienio constitucional (1820-1823). Recién tomada Zaragoza por estos últimos, el Ayuntamiento de la ciudad dictará el 30 de abril de 1823 un edicto para sufragar la estancia en la misma de las tropas fernandinas. Con posterioridad, Joaquín Capapé, mando supremo del ejército realista en Aragón junto al general francés Besières, solicitará mediante circular fechada el 20 de julio de 1823 la ayuda del Colegio para sufragar el aprovisionamiento de sus hombres, petición a la que el Colegio dio oportuna satisfacción. Algo posterior es otra circular de Pedro de Grimarest, capitán general de Aragón, por la que solicita una aportación para el cuerpo de voluntarios realistas, encargados de mantener el nuevo orden favorable a Fernando VII.

Y mientras todo esto sucedía el Colegio continuaba sin sede, por lo que seguía inmerso en un proceso de itinerancia por los domicilios de algunos de los miembros de sus Juntas de gobierno. Ésta será la tónica habitual hasta el ecuador del siglo, cuando se adopte como sede un cuarto sito en el edificio de la Audiencia Provincial. Pero antes de llegar a esas fechas todavía hay que mencionar ciertos hechos de interés para la historia del Colegio. El periodo comprendido entre los años 1820-1850 se halla marcado por dos asuntos fundamentales: el aumento provocado en el índice de nuevas incorporaciones, sean éstas en calidad de procuradores numerarios o de tenientes de procurador, y el despertar de una conciencia verdaderamente mutualista en el seno del Colegio.

Para intentar comprender el incremento en los índices de incorporación al Colegio durante el periodo analizado, y especialmente entre los años 1825-1835, baste saber que tras los sucesos bélicos y el consiguiente descenso en el número de colegiados se hacía urgente una repoblación del Colegio, tanto en lo que a sus individuos de número hace referencia como en lo relativo a los tenientes de procurador. Nada nuevo hay que añadir en cuanto a los procesos de admisión, aunque sí en lo que respecta a los tenientes, quienes tras el periodo práctico ejercitado durante su asistencia o sustitución del procurador titular, no era infrecuente que acabasen por formalizar una solicitud de ingreso al Colegio, esta vez en calidad de procuradores numerarios. La fórmula de nombramiento de teniente solía iniciarse mediante solicitud del procurador interesado para que se le permitiese la elección de un auxiliar, súplica sobre la cual el Colegio debía pronunciarse favorable o negativamente. El acuerdo tomado por éste era notificado al Supremo Consejo, que tenía la última palabra sobre el particular, si bien normalmente se limitaba a ratificar la decisión que el Colegio le hubiese hecho llegar. Finalizaba la tramitación con la respuesta que el procurador recibía del Colegio, respuesta que en la mayoría de las ocasiones era afirmativa.

En otro orden de cosas, es hacia 1830 cuando podemos datar la aparición de una corriente de carácter asistencial en el seno del Colegio. Recordemos que según las vigentes ordenanzas de 1762, la ayuda dada por el Colegio a sus miembros se limitaba a la colaboración y asistencia en el entierro del compañero fallecido, sin que quepa aplicársele a esto el concepto de ayuda mutual. Mas ahora se dan ya las condiciones necesarias para que tal concepto vaya paulatinamente desarrollándose, debido tanto a las propias inquietudes del colectivo como a las influencias que el mismo recibe desde el exterior. Será precisamente del exterior de donde llegará la primera noticia, en concreto a través de un informe emitido por el Colegio de Abogados de Madrid con fecha de 16 de febrero de 1828. Que el informe provenga de otra ciudad y, más aún, el hecho de que su redactor sea un colectivo profesional ajeno a la clase, permite aventurar la existencia de una solicitud previa por parte del Colegio que demostraría el interés del mismo por dicho asunto. Interés que se confirma al comprobar que en esas mismas fechas el Colegio redactó otros informes sobre el particular, entre los que destaca aquel que intentaba dictaminar si el mayordomo estaba en disposición de conceder una cantidad en concepto de socorro cuando circunstancias de carácter extraordinario lo demandasen y sin necesidad de que ello fuese aprobado mediante reunión del Colegio. Al tratarse de un simple borrador no podemos asegurar la orientación de la respuesta, aunque lo que aquí más nos interesa es la mera existencia del documento, que en reunión con otros similares confirma la importancia que la idea de previsión mutualista iba ganando entre los procuradores de la capital.

La revisión de esta primera mitad del siglo XIX se cierra con dos noticias de signo muy diverso, expresadas en clave de pérdida la primera y de encuentro la segunda. Nos referimos en primer término a la Academia Jurídico-Práctica, uno de los órganos fundamentales en la historia del Colegio, y cuya última aparición entre la documentación del archivo se sitúa en el año 1850, sin que ninguna otra fuente o testimonio nos aporte más información al respecto. Es posible aventurar una posible prolongación de su existencia, que en cualquier caso no creemos pudiera superar los diez o doce años, máxime si tenemos en cuenta que a partir de 1855 se va a producir un verdadero aluvión de textos legislativos en relación con el acceso a la profesión, dotados todos ellos de unas disposiciones tan novedosas que forzosamente debían enfrentarse a las prácticas habituales de un órgano de tanta tradición como resultaba ser la Academia.

Como contrapunto debemos reflejar el hallazgo de una nueva sede colegial, la cual, y durante más de un siglo, permitirá a éste disfrutar de un lugar más o menos estable en el que celebrar sus reuniones. Nos referimos al edificio de la Audiencia Provincial, ubicado en el zaragozano palacio de los Luna, y en el que el Colegio pasará a disponer de un cuarto que le servirá como sede durante más de ciento treinta años. Así, la primera mención a dicho recinto la hallamos en un acta de colegio de 9 de febrero de 1851, aunque también se debe significar que en determinadas ocasiones las reuniones podían volver a celebrase en algún domicilio particular, tal y como habíamos visto ocurría en años anteriores. En cualquier caso, la sede colegial durante la segunda mitad del siglo XIX fue el cuarto, sala o local, pues bajo todas estas denominaciones aparece en los libros de actas, que el Colegio tenía en usufructo en la Audiencia. Si tomamos como referencia el carácter nómada que había dominado las reuniones del Colegio en años anteriores, la mejoría era evidente. Mas si recordamos al convento de Santo Domingo, privilegiado recinto que había visto nacer al Colegio de Procuradores de Zaragoza y que éste había venido ocupando de manera ininterrumpida durante más de cuatro siglos, no podemos decir lo mismo, aunque desafortunadamente no quede otra opción que lamentar su pérdida.

En la segunda mitad del siglo XIX será cuando asistiremos al cambio en el nombramiento de la principal figura del organigrama rector del Colegio, abandonándose la denominación de mayordomo en favor de la de decano, siendo el primero en detentarla Francisco Lurbe en el año 1872. La mudanza, tras cuatrocientos setenta y seis años en los que se venía hablando tanto del mayordomo primero como del segundo, aunque no implica una variación sustancial sí denota una modernización de las estructuras del Colegio, que tras la ya mencionada clausura de la Academia Jurídico-Práctica adecuan la terminología de su organigrama interno a los nuevos tiempos, lo que supone además dejar en el camino conceptos que más se soportaban sobre la antigüedad del Colegio que sobre las que por entonces eran líneas de desarrollo del mismo.

A partir de la década de 1850, y especialmente de la siguiente, el Colegio irá lenta pero inexorablemente avanzando hacia la unidad de esfuerzos con el resto de colegios de procuradores del país. Las razones son esencialmente dos; la primera, que pese a su obviedad es fundamental, resulta de la aparición ahora de otros colegios hermanos del de Zaragoza, que recordemos fue el primero de España seguido por los de Barcelona (1512), y Madrid (1574). El nacimiento de nuevos colegios durante la segunda mitad del siglo XIX favorece el fortalecimiento del sentimiento de clase, lo que unido al efectivo impulso que toma la profesión supone la aparición de nuevos campos sobre los que el Colegio extenderá sus actividades, las cuales no se encaminarán tan sólo a la defensa de los intereses privados de sus individuos, sino que se orientarán también hacia la defensa colectiva de los intereses de la clase. Veremos así como los grandes temas de interés para estos profesionales, caso del acceso a la procura, las retribuciones pecuniarias, la defensa de sus actividades frente a posibles intervenciones ajenas a la profesión, o la protección y ayuda de carácter mutual, ocuparán buena parte de sus esfuerzos, siempre en unión con otros colegios de procuradores del resto del territorio nacional.

Ejemplo de todo lo anterior será la intervención del Colegio durante el estudio y redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, o del Reglamento de exámenes para los aspirantes a procurador de 1871, en la creación del Registro de aspirantes (1893), y sobre todo en la preparación y desarrollo de las sucesivas Asambleas Generales de Procuradores (1890, 1904, 1914, y 1922). A todas ellas enviará a alguien en su representación, que en la mayoría de los casos será aquél de sus individuos que en ese momento ejerza como decano. La implicación del Colegio en éstos y en otros muchos asuntos demuestra la importancia del mismo en el ámbito nacional y su decidida apuesta por la unión de todos los procuradores españoles, cuestiones ambas sustentadas en su dilatada trayectoria histórica y en su no menos aquilatada valía en la coordinación, representación, y defensa de sus individuos.

Escasas novedades trae la primera década del siglo XX, y habrá que esperar a la segunda para que el Colegio, gobernado durante más de ciento cincuenta años por idénticas ordenanzas, se otorgue unas nuevas, ya con el nombre de estatutos. Si ya nos aventurábamos a definir a las de 1762 como el primer texto normativo moderno en la historia del Colegio, los estatutos de 1918 pueden soportar tal calificativo con plena autoridad. La estructura que los sustenta, la mentalidad que los elabora, y lo que es más importante, las soluciones que aportan, son muy similares a las que podremos hallar en normativas posteriores, que además, y de forma harto evidente, han tomado a estos estatutos como pauta y guía para su redacción.


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