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Zaragoza   jueves, 19 de octubre de 2017
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Historia del Colegio

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V
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VI

Ordinaciones de 1762


    





     

El proceso de incorporación proseguía con el examen del aspirante por parte de los dos mayordomos y cuatro colegiados más antiguos, entre los que se nombraba un comisario. Redactados los primeros informes, se nombraba un promotor fiscal que actuaba en calidad de parte. Una vez satisfechos estos pasos, el aspirante debía presentarse ante el Consejo de la Real Cámara, el cual le otorgaba un título que en ningún caso podía ser desestimado por el Colegio.

" Item: estatuimos y ordenamos que el pretendiente que según su mérito y aprovechamiento sea elegido por nuestra real persona para procurador, le deba admitir el Colegio al uso y ejercicio de procurador de los tribunales de el nuestro reino de Aragón."






Tras ello, el ya procurador pero todavía no colegiado, debía pagar como cuota de ingreso cuarenta libras jaquesas, reducidas a veinte en el consabido caso de ser hijo o nieto, descendiente directo o por matrimonio, de un procurador colegiado. No puede dejar de sorprendernos estas cantidades, máxime si consideramos que en las anteriores ordenanzas se hablaba bien de mil, bien de quinientas libras jaquesas, según se tratase de uno u otro caso. La explicación la encontramos en la necesidad que el Colegio había tenido, dada la difícil situación económica de la época, de reducir las aportaciones económicas de sus miembros, a fin de facilitar las economías particulares de éstos. Así se recogerá en las ordenanzas, tras establecer quién es el encargado de recaudar las cuotas de ingreso.

" (...) de que se hará cargo el tesorero, a cuya cantidad se reduce todo el gasto que en lo antiguo estaba establecido, atendida la esterilidad de los tiempos que ha hecho tanto menos útil la profesión, lo mísero de ellos, y lo grabado en los pueblos."






A ello debe sumarse la obligación de otro pago complementario, cuya exacta cuantía lo cierto es que desconocemos.

" (...) pagando el derecho acostumbrado de media annata, y presentando el título en el Acuerdo de dicha nuestra Audiencia para su cumplimiento, y al mayordomo y secretario de el Colegio para que tome la razón en el libro, pagando y depositando la cantidad expresada para su ingreso y gasto de él."






Para concluir con el apartado dedicado al ingreso, deben recordarse el resto de requisitos exigidos al aspirante, los cuales eran en esencia idénticos a los que leíamos en las ordinaciones de 1678.

" Y el pretendiente ha de tener quinientas libras en bienes raíces. Pero si en él se reconociese una notoria habilidad, aunque su patrimonio no llegue a ésta cantidad deberá acudir a nuestro Consejo a pedir la dispensa de éste particular, que no podrán dispensar los procuradores. Y justificando asimismo para ser admitido, las calidades de hombre de bien, de buena fama, vida y costumbres, y que no haya tenido ni ejercido oficio alguno mecánico, y que sea hijo de cristianos viejos, no penitenciados ni condenados por delitos que causen infamia (...)"









Pese al calificativo dado a estas ordenanzas como las primeras verdaderamente modernas de la historia del Colegio, en lo que se refiere a la previsión y el apoyo mutual no puede decirse que haya variaciones respecto a lo hasta ahora visto. Se repite así lo ya conocido, con una redacción que incluso reitera textos anteriores.

" Y concurrir según la posibilidad y caudal del pósito, a conocimiento de éstos y los dos más antiguos, con lo que juzgaren en todo o en parte necesario al decente entierro del colegial, su mujer e hijos, que por sus pocas conveniencias no tuvieren para suplirlo."






A la política disciplinaria no se dedica ni un sólo apartado especial, siendo lo que sobre el tema se regula verdaderamente escaso. Una cata selectiva a través de las ordenanzas nos muestra cómo la inasistencia al capítulo general del segundo domingo del mes de marzo se penaba con ocho reales de plata, y la renuncia al cargo para el que hubiese sido elegido con sesenta reales, idéntico importe al que debía satisfacer quien no acudiese a cualquier reunión excepcional del Colegio. Nada se dice de sanciones mayores, ni de posibles expulsiones temporales o definitivas. Lo punitivo se ve así reducido a su mínima expresión. Como novedad valga apuntar que por dos veces se menciona en el texto la desviación del importe de los pagos hechos al Colegio por motivos disciplinarios hacia la satisfacción de las sanciones económicas impuestas a éste por la Real Cámara. Así con los ocho reales de plata por falta al capítulo general.

" (...) bajo la pena de ocho reales de plata, aplicados la mitad para nuestras penas de Cámara, y la otra mitad para la caja del pósito del Colegio (...)"





O con el procurador que preside la Academia.

" (...) el que si no asistiese sea multado irremisiblemente en veinte escudos por cada vez, aplicados la mitad para nuestras penas de Cámara (...)"





Si nada de lo hasta ahora analizado responde a las expectativas creadas al nombrar a estas ordenanzas como el primer reglamento moderno del Colegio y verdadero punto de inflexión en el sendero de su historia, el capítulo que a continuación comenzamos permitirá dar carta de autenticidad a lo antes anunciado. Tal y como se adelantaba, trataremos a partir de ahora de lo que acertábamos a definir como cuestiones normativas del procedimiento judicial, esto es, regulación de la cuota litis, de los aranceles, los apremios, de la intervención de agentes, del otorgamiento de poderes, etc. De todo ello nada se había hablado hasta el momento, excepción hecha de la reprobación del pacto de cuota litis, presente desde los albores de la profesión y como tal heredado y respetado por el Colegio. El capítulo décimo de las presentes ordenanzas reincide en ello.

" Item: estatuimos y ordenamos que ningún colegial pueda constituir ni practicar por el cargo de defensa de los pleitos en común o en particular, quota litis ni otra alguna reprobada pacción por el vencimiento o victoria del pleito, ni solicitar por medios indecorosos que se le encarguen las dependencias, ni intrometerse en las que ya estuviesen encomendadas a otros."







Pero es ahora cuando por vez primera se trata en una ordenanzas de la forma en que debía establecerse la tabla de derechos económicos de los procuradores, más comúnmente conocida como arancel.

" Item: estatuimos y ordenamos que los expresados procuradores deberán acudir al nuestro Consejo a pedirles forme un arancel, correspondiente a los derechos que deban llevar según la entidad formal que contienen los apellidos de aprensión, y demás que trabajaren y firmaren."






Con relación a esto conviene recordar que hasta bien entrado el siglo XVIII no existieron tablas arancelarias para los procuradores, rigiéndose hasta entonces la estimación de sus emolumentos mediante datos objetivos y concretos aplicables a cada caso. No fue hasta el 20 de octubre de 1742 cuando se establecieron los aranceles para el reino de Aragón, que tras una serie de avatares, producto del centralismo borbónico, acabaron subsumidos en un arancel general aplicable a toda España, aprobado por el Real Consejo en el año 1782. Hay que tener presente al efecto que el origen de estas ordenanzas es la súplica elevada por el Colegio a Felipe V, en julio de 1742, esto es, antes de que se aprobasen los aranceles del reino de Aragón. Por ello, en dicha súplica todavía puede documentarse el sistema de retribuciones que precedió al establecimiento del arancel.

" Que el tasador regule a los procuradores los derechos con proporción a sus trabajos."




Y en la nota que acompaña.

" Luego no menos procede que con discreción a la diferencia del trabajo, se les proporcione y tase su estipendio, y así, la Ley II Lib. X. tít. 16., dice en cuanto a salarios de abogados y procuradores que no se puede poner tasa cierta, y los remite a conocimiento de los señores presidente y oidores."






En el momento de publicarse las ordenanzas, año 1762, existía ya un arancel para el reino, pero su aplicación práctica resultaba casi imposible debido más a cuestiones de índole política y de gestión administrativa que a consideraciones estrictamente jurídicas. De ahí la presencia del tema en las ordenanzas hasta su definitiva solución con la publicación del antes citado arancel general de 1782.

Cuestión importante y de la que ya hemos hablado es la que se resuelve en el capítulo XIII. En el deseo de impedir la intervención de agentes no cualificados en los pleitos, el Colegio solicitó su prohibición, excepción hecha de la alta nobleza y la Iglesia, a quienes se les permitía en tanto que estamentos socialmente reconocidos y privilegiados por el Antiguo Régimen. La definitiva palabra real, consignada en las ordenanzas, puede considerarse favorable a los intereses de la clase.

" Por tanto ordenamos y mandamos no se permitan ni toleren agentes algunos de pleitos, ni que los procuradores se encarguen por mano de semejantes de los negocios, exceptuando como exceptuamos los cabildos de las catedrales, comunidades religiosas, monasterios, y dueños temporales, que los podrán tener para sus pleitos y ocurrencias particulares tan solamente."







Otra disposición se refiere a la mecánica que regía las relaciones de los procuradores con escribanos y relatores. Tanto unos como otros eran funcionarios de la Audiencia, pero mientras los primeros estaban dotados de fe pública y tenían a su cargo la tramitación de los procesos, los segundos eran meros cargos técnicos, ocupados de dar cuenta de todo aquello que no fuese simple tramitación, así como de la redacción de los informes pertinentes.

" Item: estatuimos y ordenamos que en los apremios que se pidiesen y despachasen en las causas contra los procuradores por los relatores y escribanos para la cobranza de sus derechos, se les conceda el término correspondiente y prudente para que escriban a sus principales el que los están ejecutando por los derechos, y que puedan recibir la respuesta".







La ordenanza tiene su causa en la petición del Colegio, documentada en la súplica de 1742, de que escribanos y relatores soliciten sus derechos a la parte y no al procurador, salvo que exista clara y precisa constancia de que éste los haya antes recibido. La nota que acompaña a la ordenanza decimocuarta nos ofrece los datos complementarios.

" Por leyes y fueros de Aragón y práctica de sus tribunales, no han estado los procuradores de por sí a responder por costas de los oficios. Y solamente en las firmas, firman por sí de estar a derecho, salvo el derecho de la procura... Y en los apellidos de inventario cuando se constituye fianza, lo que acredita no estar por el oficio ni uso del poder obligados por sí a dicha responsión, con perjuicio de ser medio de dependencia e inteligencia entre los mismos procuradores y oficios, perjudicial al progreso de las causas."









El capítulo octavo de las ordenanzas regula la producción de documentos, los cuales debían supeditarse en su confección a lo dispuesto por el Acuerdo de la Audiencia. En el noveno se trata por vez primera del otorgamiento de poderes, algo que también se remite a lo regulado por el Acuerdo.

" Item: estatuimos y ordenamos que en orden a si los procuradores de el Colegio deben usar para el seguimiento de los pleitos de otros poderes que los sacados en pública forma, con todas las cláusulas acostumbradas, y que deban admitirse por bastantes, se observe y guarde la providencia del Acuerdo de dicha nuestra Audiencia."







Descubrimos así que no fue atendida la petición del Colegio referente al uso y bastanteo de los poderes, contenida en la súplica de 1742. La nota a dicha petición, la décima, se inicia con una serie de citas referidas a otros tantos textos legales con los que se pretende legitimar y dotar de autoridad a la tesis del Colegio. Tesis que no es otra que la autonomía del procurador a la hora de otorgar el citado poder.

" (...) afirman todos se cree al notario que da fe ser bastante el poder, no sólo a pleitos sino el más especial, aunque sea testificado por otro, en virtud de que ante él se otorga cualquier instrumento. Y si en Aragón el procurador tiene a más de la práctica de notario la de su oficio, tanto más instruido como lo presuponen las leyes todas y autores del Reino, fuera decaerlo si necesitase de otro y ajeno apoyo para saber si es bastante un poder a pleitos, y por lo dicho por las ordenanzas V y IX y por dicha real provisión del Consejo, se les acredita poder dar apellidos, ejecuciones y otros pedimentos en hecho, con que les supone inteligencia también en la calidad del poder que usen para ellos."










Acompañando a estas disposiciones de procedimiento y técnica jurídica, las ordenanzas ofrecen unos últimos capítulos de menor importancia en relación con asuntos que podríamos definir como cercanos al protocolo. El decimoquinto hace referencia al órgano dotado de la autoridad de conceder y modificar estas u otras ordenanzas, que no es otro que el Real Consejo, al que debían los procuradores dirigir sus pretensiones. Intervenía además en el proceso el Acuerdo de la Audiencia, ante el cual también debía extenderse la correspondiente petición. En el siguiente capítulo, el decimosexto, se declara al referido Acuerdo protector del Colegio, mientras que en el último se establece la necesaria presencia de un ejemplar de las ordenanzas en la Academia del Colegio, con la intención de despejar posibles dudas e incertidumbres en los aspirantes.

" Item: estatuimos y ordenamos que siempre esté patente en la Academia un ejemplar de estas ordenanzas, para que los que se van disponiendo tengan individual noticia de las circunstancias que se piden en todo pretendiente, y que puedan usar del derecho que les corresponde en caso de vacante, con que no se entienda en perjuicio del privativo derecho que por ahora reside en el nuestro Consejo de la Cámara, con absoluta y libre disposición para el nombramiento de procurador de dicha nuestra Audiencia."









Finaliza aquí el estudio de estas ordenanzas, con el que bien creemos haber confirmado nuestra inicial aseveración que las consideraba como las primeras verdaderamente modernas en la historia del Colegio. Y es así tanto por su contenido intelectual, al tratarse temas estrictamente relacionados con la práctica profesional, como por su disposición interna, al ordenarse dichos temas en bloques homogéneos y bien diferenciados. Las ordenanzas de 1762 suponen la definitiva ruptura de una sociedad formada por Colegio y cofradía que venía existiendo desde la fundación del primero, allá por el lejano 1396, y que significó la pérdida del envoltorio espiritual que durante siglos sirvió como elemento aglutinador del mismo. Tan sólo perdura la celebración de la festividad religiosa en honor de Santo Tomás, próxima en el calendario al capítulo general de renovación de cargos, fijado para el segundo domingo del mes de marzo. Dichos cargos eran esencialmente los mismos que en la actualidad perviven, caso de los mayordomos, hoy singularizados en el decano, el tesorero, el secretario, y puntuales referencias a los colegiados más antiguos, dotados para unas funciones de alguna forma equiparables a las que desempeñan los vocales de la moderna Junta de gobierno. En este año 1762, el numerus clausus determinado para el Colegio se fija en los dieciocho individuos, con lo que se alcanza el listón más bajo de toda su historia. Escasas novedades se observan en el procedimiento de acceso, siendo la más significativa aquella que eleva a ocho los años de prácticas necesarios para poder acceder a la colegiación, sin olvidar la ausencia de la hasta entonces obligada condición de estar en posesión del título de notario real para poder aspirar a la procura. Nada relevante en cuanto a previsión y apenas muy poco que reseñar en materia disciplinaria. Sí en lo que se refiere a materias normativas y de procedimiento judicial, caso de la regulación de la cuota litis, el otorgamiento de tablas arancelarias y poderes de representación, la limitación en la intervención de agentes no autorizados, las relaciones profesionales de los procuradores con otros oficios judiciales, las normas de producción documental, etc. Queden así cerradas en su estudio estas destacadas y singulares ordenanzas de 1762.

Para concluir el siglo, y tras el estudio de sus dos grandes aportes documentales, la súplica de 1742, y las ordenanzas de 1762, deberemos repasar aunque de forma somera, el ultimo tramo de la centuria, aquel que corre desde el año 1770 hasta el 1800 y que se corresponde con la segunda mitad del reinado de Carlos III y con buena parte del de su hijo y sucesor, Carlos IV. La documentación de esos años es considerablemente más abundante que la del resto del siglo, siendo su temática en la mayoría de los casos similar a la anterior, primando por tanto los informes, las actas de capítulos y reuniones, las convocatorias a las mismas y las excusas presentadas por quienes no podían asistir a aquellas, los expedientes personales de colegiados y aspirantes, las certificaciones de sus títulos, etc. A estas muestras se unen los nuevos documentos relacionados con aspectos económicos y de tesorería, caso de recibos, informes sobre las utilidades o ganancias de los profesionales, así como las denominadas liquidaciones de la contribución, que no eran sino los tributos ofrecidos a la hacienda del Estado realizados de forma colectiva por todos los procuradores y cuyo pago era canalizado a través del Colegio. Desde una perspectiva más general, el Colegio seguía siendo una de las escasas instituciones privadas que funcionaban en la ciudad, circunstancia que aliada con su antigüedad le confería un alto grado tanto de representatividad como de respetabilidad social. Formaba parte, junto a los colegios de notarios, abogados, médicos, cirujanos y boticarios, a las cofradías religiosas y a singulares instituciones tan venerables en su historia como la Casa de Ganaderos, o la recién creada Real Sociedad Aragonesa de los Amigos del País, de la columna vertebral de la sociedad civil zaragozana en los siempre prometedores tiempos de ilustración, camino de un siglo, el XIX, tan intenso como dramático para la historia de nuestra ciudad.


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