Logotipo del Colegio de Procuradores de Zaragoza
Zaragoza   jueves, 19 de octubre de 2017
Seccion saludos del Decano
Saludo del Decano
Seccion Actualidad
Enlaces de Interés
Noticias
Noticias
Seccion el Colegio
Estatutos
Código Deontológico
Historia
Juntas Generales
Mapa de las Sedes
Memoria Anual
Organigrama
Registro de Sociedades Profesionales
Servidor del Colegio
VI Centenario
Seccion del Procurador
Consejo General Procuradores de España
Consejo General de Colegios de Procuradores de Aragón
Descripcion
Historia del Procurador
Listado de Procuradores de Zaragoza
Ventanilla Única
Seccion Mapa de la Web
Contacto
Mapa de la Web
    

Historia del Colegio

I
1 2 3
II
1 2 3
III
1 2 3
IV
1 2 3
V
1 2 3
VI

Ordinaciones de 1762


    





     

Los Decretos de Nueva Planta, auspiciados por la recién estrenada dinastía borbónica, y más concretamente por su primer monarca reinante, Felipe V, entre los años 1711-1715, supusieron un duro golpe para el sistema judicial aragonés. Invalidadas buena parte de sus singularidades, eliminados algunos de sus máximos órganos representativos, el sistema administrativo de Castilla pasó a ser modelo dominante en los territorios del reino de Aragón, lo que afectó a su gobierno, ordenamiento jurídico, hacienda, y administración de justicia. El Colegio de Procuradores de Zaragoza se vio afectado por todos estos cambios de forma indirecta pero no por ello menos contundente, al desaparecer buena parte de sus referentes legales, tanto teóricos y doctrinales como orgánicos y administrativos, que fueron inmediatamente sustituidos por otros, caso de la recién reformada Audiencia, que pasó a dotarse de dos salas, una para lo civil y otra para lo penal. Varió por tanto la forma de trabajar de estos profesionales de la procuraduría, aunque de tales modificaciones no quedan huellas documentales en el archivo del Colegio. En realidad, escasa documentación se conserva de esos años, el primer tercio del siglo XVIII, y la que existe en absoluto se refiere a cuestiones que pudieran aportarnos alguna luz sobre los cambios habidos en la justicia del reino. Se trata de documentación interna, atenta a cuestiones tales como los expedientes de admisión de nuevos colegiados, diversos informes sobre la limitación del número de éstos, borradores de trabajo del Colegio, etc.

Por fortuna, es algo mayor el fondo que se conserva del periodo 1740-1770. Además de la temática antes apuntada para el primer tercio del siglo, en esta documentación se reflejan las deliberaciones de las distintas reuniones del Colegio, caso de actas de capítulos generales o extraordinarios, las súplicas de quienes deseaban ser admitidos como tenientes de procurador, las posteriores certificaciones de los títulos otorgados, etc. Pero lo más significativo de este conjunto documental se refiere a las actividades y funciones de los cargos que poco a poco van a dominar las distintas parcelas de la administración del Colegio. En primer lugar nos referimos al secretario, cuya actuación se plasma en el cada vez mayor volumen de certificaciones por él emitidas, y en segundo término al tesorero, encargado de la expedición de recibos y facturas, instrumentos contables que posibilitarán el correcto y oportuno control de las finanzas del Colegio. El crecimiento de sus actividades no debe suponernos ninguna sorpresa, pues ya hemos comprobado cómo ambos cargos fueron los que con mayor intensidad salieron reforzados tras las ordinaciones de 1678.

Dos serán los documentos de este periodo en los que centraremos nuestra atención. Al primero de ellos le hemos hecho sobradas referencias con anterioridad, pues además del valor puntual que pudiera tener para su época, nos ha ofrecido datos de inestimable valor para el estudio de la historia, casi diríamos prehistoria, del Colegio. Nos referimos, cómo no, a la Súplica del Colegio al rey Felipe V para que confirme y apruebe nuevas ordenanzas, elevada con fecha de veintiséis de julio de 1742. Excusándonos de reincidir en asuntos ya tratados, diremos que el memorial se halla impreso y dividido en dos partes, la primera de las cuales expone los motivos que sirven de fundamento a la súplica, y la segunda adelanta las ordenanzas que se someten a la aprobación real, hasta un total de dieciocho, ofreciéndose un breve extracto de cada una de ellas apoyado por un minucioso aparato bibliográfico. El máximo interés del documento se condensa precisamente en este último, al que dedicaremos las siguientes líneas.

Nada novedoso aparece en las notas a las dos primeras ordinaciones. Es en la tercera donde surge el dato de interés, relacionado con el nunca cerrado tema del control del número de colegiados. Si en 1396 eran cuarenta y en 1687 descendían a veinticinco, en julio de 1742 nos encontramos con que su número había disminuido hasta los dieciocho, lo que muestra el más que aceptable resultado obtenido por la tenacidad del Colegio en la defensa de los intereses de sus individuos, máxime si pensamos que en las últimas ordinaciones, todavía vigentes en aquella fecha, se establecía en cuarenta el número de colegiados, con lo que éstos se habían reducido en más de un cincuenta por ciento sobre el total de los procuradores en activo.

" Se halla establecido el número de diez y ocho por los señores del Real Consejo y Cámara."




Desconocemos la fecha en la que fue admitido el número de dieciocho individuos como límite máximo del Colegio, cifra a la que habrá que añadir los procuradores supernumerarios, quienes y como su mismo nombre indica ocupaban plaza fuera de las del número. Posiblemente sucediera hacia el cambio de siglo o tal vez durante los primeros años del XVIII, pues de esas fechas existen informes y borradores del Colegio que demuestran la insistencia de los procuradores en el tema. Sea como fuese, lo importante es tomar nota de la reducción del número, algo que sólo puede entenderse como una gran victoria para los intereses que el Colegio defendía en aquellos momentos.

La nota a la ordinación sexta muestra el interés del Colegio por elevar el nivel profesional de sus individuos al tiempo que su relevancia social. Se establece comparación con la fórmula empleada para el otorgamiento del título a los notarios, los cuales debían acudir ante el rey para su recepción, y se desea idéntica suerte para los procuradores.

" Y teniendo igual proporción las ordenanzas del Colegio de Procuradores, que prescriben la práctica precisa para la inteligencia de los juicios de aprensión, inventario, emparamiento, manifestación, y firmas, que especialmente piden las leyes del Reino, y las demás circunstancias tan propias del oficio, no ha de desmerecer la aprobación de esta ordenanza, conforme a sus antiguas aprobadas y a lo establecido con los notarios del número, debiendo el procurador admitido acudir antes de ejercer a su Magestad por el título."









En línea similar se sitúa el deseo de los procuradores de poder titularse don, algo para lo que se suponían en un derecho cuyo origen no dudan en remontar a 1396.

" El señor rey don Felipe II de Aragón y III de Castilla, en 24 de abril de 1614, le escribió en la dirección: A los amados nuestros el Colegio de los Procuradores de Zaragoza... En dicho año 1396 ya se titulaban sus mayordomos, y después los procuradores en todos los congresos y escrituras con el don, aunque su propia modestia se los abstenía en sus firmas y propio tratamiento (que era lo corriente en el Reino en los nobles e hidalgos). A los escribanos de cámara hoy no se les niega, ni establecido el nuevo gobierno en tiempo de la Real Chancillería, a los procuradores en las notificaciones y diligencias de autos, nombrados por otros, se les negaba. Conque no ha de desmerecer el Colegio, porque sus procuradores (que hay ciudadanos y notorios hidalgos, y obtenido los empleos honoríficos de ciudad y Reino) sean por el príncipe constituidos, y cuando a los notarios numerarios se les dispensa este tratamiento."












El asunto no quedará resuelto con la aprobación de las ordenanzas, tal y como se demuestra por la documentación que con fecha posterior seguirá incidiendo sobre el mismo tema. De hecho, se conservan varios documentos del periodo 1785-1805, los cuales y aun a riesgo de adelantarnos en el tiempo no podemos ahora dejar de tratar. Los más significativos conforman un tríptico compuesto por una súplica de Manuel de Aguilar y Ferrando para poder usar el tan deseado don, de septiembre de 1789; le sigue el informe favorable a tal petición enviado por el Colegio al Real Acuerdo, con fecha cercana a 1792; y concluye con el auto de la Audiencia por el que se deniega la solicitud original, en septiembre de ese mismo año. Se trató de un contencioso largo cuya duración se sitúa exactamente en los tres años, lo que bien podría indicar la dificultad en alcanzar el acuerdo definitivo. Sea como fuere, queda demostrado que este problema, que podría encasillarse entre los asuntos puramente protocolarios, hubo de ocupar durante muchas horas a los procuradores de la época.

Todavía se tratan en estas notas materias de gran calado para la profesión, especialmente las referidas al uso de los poderes, de los bastanteos, al cobro de las retribuciones, etc. De ellas nos ocuparemos al detenernos en las ordinaciones de próxima aprobación. Un último apunte sobre estas anotaciones, verdadero almacén de citas, notas aclaratorias y referencias bibliográficas, nos retrotrae al comienzo de este apartado, allí donde hacíamos un brevísimo aparte para destacar lo que la llegada de los Borbones supuso para el reino de Aragón. La poderosa influencia provocada por los Decretos de Nueva Planta, promulgados a partir de 1711, todavía se proyecta sobre el Colegio pasado más de medio siglo desde su aprobación. Como se demuestra en el siguiente texto, los procuradores permanecían recelosos de que cualquier cuestión por ellos solicitada y que tuviese la desgracia de ser opuesta a los nuevos métodos implantados al reino, fuese categóricamente rechazada sin otro argumento que dicha oposición. Ante tal peligro, no dudan en recordar al monarca los antiguos fueros y privilegios de que se dotaba el reino, en la esperanza de que con ello se posibilite un cierto grado de discordancia con el imperante uso jurídico castellano.

" De que se manifiesta, que aunque algunas de dichas ordenanzas digan repugnancia a alguna de las leyes de la recopilación del Lib 2. tít. 23., establecidas éstas por lo correspondiente en los reinos de Castilla a los procuradores, hallándose este tan antiguo y circunstanciado Colegio de causídicos, especialmente favorecido por los señores reyes y por las leyes del Reino, y sus autores y prácticos, y mandado por el señor don Felipe V, de gloriosa memoria, que se observen en lo civil sus fueros, que prescriben especiales fórmulas para los juicios de que están los procuradores por su oficio instruidos, parece que no ha de embarazar lo general dispuesto en las leyes de la recopilación a lo expreso en estas ordenanzas, arregladas en lo principal a los mismos fueros, ni a los honores que han gozado los causídicos, para que así reintegrado este Colegio continúe en el esplendor con la pericia que mantuvieron sus pasados."













El otro gran documento de este segundo tercio del siglo XVIII son las Ordenanzas del Colegio de Procuradores causídicos numerarios, concedidas al Colegio mediante una real cédula de aprobación dada en 1762, durante los primeros años del reinado de Carlos III, el monarca ilustrado. Se conservan en el archivo varias copias de las mismas, impresas e ilustradas en su portada con un grabado en el que se representa a Santo Tomás, bajo cuya protección quedaba y queda el Colegio. Tras las fórmulas de rigor, pasa a detallarse el proceso administrativo seguido desde la elevación del documento de súplica del año 1742 hasta la definitiva aprobación de las ordenanzas, el 21 de agosto de 1762. Éstas se dividen en diecisiete capítulos, uno menos que los dieciocho contenidos en la súplica original, tras los cuales se suceden las correspondientes certificaciones hasta llegar a la definitiva, rubricada por José Sebastián y Ortiz, secretario de la Audiencia de Aragón, con fecha de 25 de septiembre de 1762.

En su apartado introductorio, las ordenanzas de 1762 nos recuerdan los motivos y el camino que hubieron de recorrer hasta su definitiva expedición. Se menciona la recepción de la súplica elevada por el Colegio y su estudio por parte del Real Consejo, tras lo cual Fernando VI ordenó publicar el 7 de septiembre de 1752 una resolución por la que se practicaban ciertas modificaciones al texto original, en concreto sobre la ordenanza décimo quinta. Tras ello, los procuradores zaragozanos elevaron un nuevo recurso que fue visto por el Consejo el 25 de enero de 1760, y cuya resolución se materializó en el capítulo decimotercero de las ordenanzas de 1762, según el cual se restringía al estamento eclesiástico y a la nobleza la posibilidad de tomar agentes, y ello solamente para asuntos de carácter interno.


.....ir al siguiente capitulo

Subir arriba subir arriba

     

Barra Inferior Correo de Contacto, zaragoza@procuradores.net Telefonos de contacto, 976 29 91 52 ,fax 976 29 36 98
     
- aviso legal -
Utilizamos cookies para asegurarnos de obtener su mejor experiencia en nuestra web. Consulte nuestro aviso legal para más información. Aceptar