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Zaragoza   jueves, 19 de octubre de 2017
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Historia del Colegio

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V
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VI

Actas de la academia juridico-practica


    





     

Para concluir con el estudio de los distintos cargos que conformaban los órganos de poder y gobierno del Colegio, debemos detenernos en la ordinación décimo primera, titulada Que en el capítulo del mes de noviembre en cada un año se nombren oficiales. Tras reseñar el listado de puestos que debían cubrirse, el texto nos alumbra sobre las relaciones existentes entre dichos puestos, siendo obligado para desempeñar unos haber cubierto con anterioridad otros, con lo que de hecho se hilvanaba la sucesión de un cargo a otro. Termina la ordinación perfilando el acto de toma de posesión, celebrado con la solemnidad que las circunstancias demandaban y que se realizaba ante el mayordomo saliente más antiguo, mediante la jura por Dios, sobre la cruz y los Evangelios.

"... Empero porque el cargo de mayordomos trae alguna carga y se pueda llevar sin acepción de personas, estatuimos haya de ir por turno conforme la antigüedad de cada colegial, según se hallarán asentados en la matrícula o nómina de los cofrades que están escritos en el fin de las presentes ordinaciones. Y también porque el oficio de notario es necesario tenga práctica de las cosas del Colegio, queremos que dicho oficio dure por tiempo de dos años; y así la elección de dicho oficio se hará de dos en dos años. Y también queremos que los mayordomos que entonces acabaren sus oficios queden nombrados para el año siguiente en silencieros, y también advertimos que los que fueren nombrados para contadores hayan servido el oficio de luminero, pues de esta manera tendrán ya noticia de las partidas que se deben de admitir en cuenta al luminero, que ante ellos dará su cuenta, porque no se dé lugar a cosas nuevas ni gastos superfluos ..."














El apartado de normas de comportamiento interno durante misas, comidas, reuniones, capítulos, etc., se reduce en comparación con las anteriores ordinaciones. Hay mención, además de a las cuestiones de índole litúrgico a las que antes hacíamos referencia, al orden que debe presidir los capítulos, al respeto debido a los demás colegiados, o a la lectura de las ordinaciones en el capítulo dedicado a la elección de oficiales. En todo caso, debe hacerse constar que el peso específico de estas cuestiones ha descendido en idéntica proporción al aumento de importancia de aquellas que podemos denominar como verdaderamente sustanciales para el correcto funcionamiento del Colegio, tales el establecimiento de un conjunto de normas que reglamenten la celebración de las reuniones, la distinción entre puestos y la definición objetiva de sus funciones, la regulación de los procedimientos de elección, del acceso de nuevos miembros, etc.

Avanzamos en nuestro estudio y pasamos a ocuparnos precisamente de esto último, el acceso de nuevos colegiados, motivo al que están dedicadas cuatro ordinaciones. Recordemos que del comentario introductorio al presente texto se extrae la conclusión de que el número de colegiados era de cuarenta, lo que se corresponde con los aceptados en las ordinaciones de 1396. Ello nos hace pensar que durante ese tiempo el número de procuradores colegiados, no olvidemos que acotado mediante numerus clausus, se estableció en un tope máximo de cuarenta individuos. La regulación del acceso venía establecida en un privilegio real concedido por el rey Felipe II, del que no existe otra referencia que la escueta noticia que aquí citamos, apuntada en la ordinación vigésimo sexta. Mas al parecer ingresos y admisiones habían provocado graves problemas al Colegio, por lo que se hacía menester una nueva fórmula reglamentaria que viniese a añadirse al citado privilegio, aunque siempre a título complementario y sin contraponerse a lo en él establecido. Por ello en la ordinación antes mencionada y bajo el título de La forma que se ha de guardar en el ingreso de los cofrades colegiales, se establece que el proceso de ingreso debía comenzar con la presentación del aspirante en uno de los tres capítulos generales ante el que se obligaba a aceptar las normas y dictados del Colegio, acto refrendado por el notario del mismo. Se abría un plazo de deliberación y consulta por parte de los procuradores en el que debían informarse sobre las cualidades y características del aspirante, plazo que expiraba cuatro meses más tarde coincidiendo con la reunión del siguiente capítulo. Presentado aquel y renovada su petición, salía de la sala de reunión para permitir la votación de su ingreso, que se efectuaba mediante voto individual y secreto, siguiendo similar sistema al utilizado para el nombramiento del nuncio o llamador.

"... votando secretamente con habas blancas y negras, para lo cual por el notario del Colegio se le darán a cada un cofrade que allí intervendrá dos habas, una blanca y otra negra, con las cuales haya de decir su parecer, poniéndolas en un saco o talego, y si en dicho talego se hallaran más habas blancas que negras, quede admitida la dicha presentación, y por el contrario si hubiere más habas negras que blancas quede repelida, y en caso que se hallasen tanta habas blancas como negras así mismo quede admitida la dicha presentación, y llamando en el dicho capítulo la dicha persona presentada se le notifique que su presentación está admitida ..."













Tras su admisión por el capítulo debía presentarse un mes más tarde ante los nueve colegiados más antiguos, a quienes el real privilegio concede autoridad para examinar y dar la definitiva aprobación. Descubrimos ahora a un nuevo órgano de gobierno del Colegio, la Academia Jurídico-Práctica, cuya mención más antigua data del año 1609, y que resultaba ser una institución dedicada a la preparación teórica y práctica de los aspirantes al oficio de procurador. Las enseñanzas estaban a cargo de nueve colegiados, los más antiguos, denominados los nueve examinadores, ya que una vez cumplido el periodo de instrucción de los aspirantes tenían la facultad de someter a éstos a examen, tal cual determinan las ordinaciones. Pocos datos más podemos ofrecer sobre la vida de la Academia en estos primeros tiempos, pues tan sólo el citado libro de actas ha llegado a nuestras manos. Tal vez podamos suponer su existencia durante el siglo XVI, y que su fundación se hubiese visto propiciada por el privilegio dado por el rey Felipe II. En cualquier caso sí puede asegurarse que la Academia fue un órgano de gran relevancia para el funcionamiento interno del Colegio, no sólo por lo que hace referencia al ingreso de nuevos colegiados, sino por lo que significó de preparación y formación de los nuevos profesionales. Ello demuestra la cada vez mayor inquietud y afán de mejora que reinaba en el Colegio, lo que le obligó a procurar por la superación técnica de sus miembros.

Continuando con el análisis del sistema de acceso al Colegio, y una vez aprobados los aspirantes por los nueve examinadores, aquellos debían presentarse al presidente de la Real Audiencia de Aragón, máximo órgano judicial del Reino, y a los jurados de la ciudad de Zaragoza, formalidad tras la cual debían prestar juramento ante el mayordomo más antiguo del Colegio. Así se dice en la ordinación titulada Del juramento que han de prestar los colegiales en su ingreso, y de lo que han de pagar por la entrada.

"... y jurar en su poder por Dios sobre la cruz y santos cuatro Evangelios de haberse bien y fielmente en la facultad de la Procura, y que en cuanto en sí fuere guardará los fueros y observancias del presente reino, y ordinaciones de este Colegio, y que será obediente a los mayordomos que son y serán de aquel, y en su caso a la persona que en este Colegio presidiere ..."










El nuevo procurador debía entregar una fianza de quinientos sueldos jaqueses para el común del Colegio, cantidad que se veía reducida hasta los cien en caso de ser hijo o nieto de colegiado por parte paterna. Además, y como condición indispensable para su efectiva incorporación, el nuevo procurador debía tener casa propia en la ciudad, requisito del cual quedaban exentos los hijos y los nietos de los colegiados, siempre que estos últimos lo fueran por parte de padre, y siempre que el padre o en su caso el abuelo estuviesen vivos. Tal medida no era en absoluto gratuita, pues pretendía evitar el ingreso de personas que pudiesen desprestigiar al Colegio y a la profesión, sin duda ante ciertos hechos desagradables sucedidos en el pasado.

Que el que hubiere de ser admitido en el Colegio tenga domicilio en esta ciudad

" Muy importante cosa es, para tener noticia cierta de la condición y costumbres de los que han de ser admitidos en este Colegio, que aquellos tengan casa o domicilio a solas y de por sí, pues es cierto que en el tiempo que practican, como están en la casa y compañía de sus amos o maestros, y debajo su corrección y doctrina, no se puede enteramente satisfacer de la condición y costumbres de los que han de ser admitidos a usar de una facultad de tanta confianza ..."










Se constata por el texto que los aspirantes debían aunar su asistencia y examen ante la Academia Jurídico-Práctica con la realización de prácticas junto a procuradores en activo, lo que en la mayoría de los casos suponía la estancia del aspirante en la casa del procurador titular. De esta fórmula derivará el nombramiento de tenientes de procurador, encargados del auxilio y en su caso sustitución del procurador titular. Tal sistema de preparación, basado en la conjunción de la enseñanza teórica con el ejercicio práctico, se mantendrá con breves y escasas interrupciones hasta nuestros días, en una experiencia que demuestra su acierto y conveniencia.

Los expedientes de admisión de nuevos procuradores que han llegado hasta nuestras manos, terminan de ilustrarnos sobre los requisitos que el aspirante estaba obligado a cumplir para ver así satisfecho su deseo de incorporación al Colegio. Incluyen la documentación que el pretendiente debía presentar, caso de su acta de fe de bautismo, o de matrimonio si ésta procedía, los títulos a su favor que avalasen su fianza, caso de censales, ventas, donaciones de rentas, testamentos, etc., autentificados siempre con la imprescindible validación notarial. Atestiguada así su solvencia económica, se procedía a la comprobación de los antecedentes de carácter privado del aspirante, para lo cual se interrogaba a personas de su entorno, que tanto podían ser notarios causídicos, es decir, procuradores miembros del Colegio, como las mujeres de éstos, notarios reales o labradores, doncellas, hombres de Iglesia, maestros, infanzones, etc. Si el resultado de las encuestas resultaba a satisfacción del procurador que instruía el expediente, éste daba su visto bueno y el proceso podía continuar. No eran pocos como vemos los filtros que debía superar el aspirante antes de su definitiva incorporación al Colegio, pero con esta criba no se perseguía otro objetivo que el de asegurar el mantenimiento del buen nombre ganado por la institución y el reconocimiento público de sus componentes. O lo que es lo mismo, la estima debida al ejercicio profesional de la procuraduría.

Para concluir con este apartado, mencionar que al igual que las ordinaciones de 1396 dejaban abierta la posibilidad de incorporación al Colegio estando en el hábito la muerte, las de 1620 hablan de la admisión de aquellos notarios reales que movidos por devoción u otras causas de carácter religioso deseen ingresar a título de cofrade, para lo cual debían superar idéntico procedimiento al que convenía a cualquier aspirante a procurador, desde su primera presentación ante el capítulo general hasta la prestación del juramento y pago de los derechos de entrada. Pero no se trata de casos equiparables, pues uno habla del ingreso a las puertas de la muerte y el otro del ingreso de un notario real sin más condicionantes que la de estar en posesión del citado cargo. Mas en el fondo ambos vienen a satisfacer una necesidad espiritual sentida por el individuo que lo demanda, lo que nos advierte de que la trabazón del Colegio con la cofradía, de lo profesional con lo espiritual, si bien mitigada por el paso del tiempo, todavía seguía vigente a comienzos del siglo XVII.

En cuanto al auxilio prestado por el Colegio a sus individuos, sucede en estas ordinaciones otro tanto que en las primeras, orientadas más hacia el concepto de caridad que al de previsión. Así, se reiteran los cuidados hacia el entierro de los cofrades, a la obligada asistencia al mismo por parte del resto de colegiados, o a la celebración de cinco misas de réquiem por el alma del fallecido a cargo del Colegio, a las que habrá que sumar una más a expensas de cada colegiado. Pero nada de esto podría hoy en día considerarse como medidas de auxilio de carácter mutual, pues ésta es una noción que tardará todavía no poco tiempo hasta abrirse camino.

Una de las novedades más significativas que aportan estas ordinaciones es el brusco descenso de las medidas de carácter disciplinario, a lo que debe añadirse la muy importante reducción en la aplicación de sanciones económicas para castigar las posibles faltas. Tan sólo nueve de las treinta y dos disposiciones hacen algún tipo de referencia al apartado disciplinario, lo cual es bien poco si recordamos que en las anteriores ordinaciones el porcentaje se elevaba aproximadamente hasta un cincuenta por ciento del articulado. El encargado de recaudar las penas era el luminero, recordemos la ordinación titulada Que esté a cargo del luminero cobrar los treudos y las penas de los cofrades, sustanciandose la mayoría de dichas penas en sanciones de carácter pecuniario, quedando la temporal o definitiva expulsión del cofrade para el caso de las infracciones de mayor gravedad. El importe de las mismas venía a engrosar la hacienda del Colegio, o el común, tal y como se lee en el texto. Podemos distinguir dos grupos de faltas sobre las cuales recaían las sanciones. En primer lugar las de índole religioso, caso de la ausencia a la misa dominical o al entierro de un cofrade, gravadas ambas con medio real, o la inasistencia a las vísperas o a la misa celebrada el día de santo Tomás, patrón del Colegio, penada cada una con un real. Mayor era el castigo aplicado para quien no siguiese una antigua tradición de la cofradía, consistente en la entrega por turno de un roscón de pan bendito por parte de un cofrade a otro, con lo cual el donante indicaba al receptor que sería este último el encargado de dar la paz y el pan bendito en la misa del próximo mes.

De la paz y pan bendito que se ha de dar a los cofrades que asisten en las misas

"Item estatuimos que en cada una de las dichas misas que como está dicho se celebrarán en la dicha capilla por un cofrade de este Colegio, a saber es, por aquel a quien le viniere por turno conforme a su ancianidad y vez, se haya de dar la paz a los mayordomos y cofrades que en dicha misas asistirán, y también pan bendito, como hasta aquí se ha acostumbrado. Y porque el cofrade que lo hubiere de dar en el mes siguiente se pueda prevenir con tiempo, el que da el pan bendito la haya de dar si allí presente se hallare un roscón de dicho pan bendito, y si estuviere ausente enviárselo a su casa. Y el cofrade que viniéndole por su turno faltare de dar la paz y pan bendito, como arriba está dicho, tenga de pena diez reales aplicaderos al común del Colegio, y pase adelante el turno al otro cofrade siguiente en orden. Empero si alguno o algunos colegiales estuvieren enfermos, impedidos para no poderlo hacer por sus propias personas, lo haya de hacer necesariamente otro colegial de dicho Colegio."
















El segundo grupo de sanciones incide sobre la indisciplina mantenida durante las reuniones o capítulos del Colegio, sanciones estas que podían conllevar incluso la expulsión definitiva del infractor. La inasistencia a capítulo general se penaba con ocho sueldos jaqueses, mientras que el desorden y alboroto durante una reunión podía acarrearle al culpable de los mismos la expulsión del Colegio, tal y como se indica en la ordinación titulada Que en los capítulos se guarde orden y silencio mientras en ellos se asiste.

"... Por tanto estatuimos que en los dichos capítulos y convocación de aquellos los colegiales que en ellos asistieren se asienten por su antigüedad y orden, y en el decir su parecer y votar se guarde lo mismo, y todos los que en dicho capítulo asistieren, mientras el mayordomo propone y los otros cofrades votan, guarde y tenga la atención y silencio que a personas semejantes como las que en dichos capítulos concurren se debe y puede esperar, y no estén parlando unos con otros, ni se atraviesen mientras otro o otros están votando, ni repliquen al que vota, ora el que le replica haya votado, ora no haya votado, si no que cada uno diga de una vez lo que se le ofrece, o aguarde su vez sin ocasionar a que por la réplica que hiciere o por otra causa que diere se sigan voces o ruido, y el que lo contrario hiciere, siendo amonestado por los mayordomos que calle y no interrumpa lo que allí se trata, pueda por los dichos mayordomos ser expelido del capítulo, y si lo rehusare o se descompusiere, pareciendo a los mayordomos y capítulo que allí estarán congregados, se pueda proceder contra el tal a mayores penas, y hasta excluirlo y privarlo de cofrade."
















Se castiga así severamente la alteración del orden en las reuniones del capítulo, pero incluso con mayor dureza se castiga, extensible hasta la expulsión del Colegio, la insubordinación y falta del debido respeto tanto a los mayordomos como al conjunto de colegiados. Al igual que en las ordinaciones de 1396, es esta falta de respeto hacia sus compañeros lo que podía motivar la expulsión, y si bien entonces quedaba abierta la posible reincorporación del individuo amonestado, nada dicen las presentes ordinaciones al respecto.

Para finalizar con el capítulo dedicado a cuestiones disciplinarias, debemos referirnos a un asunto de primera magnitud, con el que se inicia uno de los mecanismos de autocontrol más necesarios para todo organismo volcado de una u otra manera al exterior, en directa relación con la sociedad que lo circunda, tal y como el Colegio lo ha estado, lo está, y sin duda lo estará en el futuro. Nos referimos a la capacidad regeneradora que toda institución debe poseer, a la obligatoriedad del examen interno y, en su caso, al efectivo proceso de catarsis y depuración de responsabilidades que fuese menester ejecutar. Que la queja externa a una de las piezas de un organismo dado sea resuelta con prontitud y justicia, repercute no sólo en el buen nombre de quien o quienes personalmente ejecutan tal resolución, sino en el conjunto de la institución aludida. Con prontitud debió entenderlo el Colegio, al dedicar a ello una ordinación.

La forma que se ha de tener para castigar los colegiales que usaran mal de la facultad

"Por evitar las quejas que algunas personas acostumbran traer a este capítulo de algunos colegiales de él, que usando mal de la facultad hacen cosas indebidas y indecentes de lo que a hombres tan calificados como los que en este Colegio ha habido y de presente hay se requiere, y porque todos los colegiales en lo venidero traten esta profesión de la procura con toda legalidad y fidelidad, y que se dé satisfacción a los que de algunas personas de esta facultad tuvieren queja, que como algunas veces se ha visto acostumbran ponerla con muy poca y aún sin razón alguna. Estatuimos y ordenamos que siempre que en el capítulo o a los mayordomos de este Colegio se diere o propusiere alguna queja de cualquier colegial o cofrade del presente colegio, por cosas que se pretendiere aquel haber hecho contra la legalidad y fidelidad que a dicha su profesión debe y es tenido, que los nueve más antiguos colegiales del presente Colegio, a quien conforme el privilegio y ordinación real toca el examen y admisión de los que han de entrar en aquel, reciban información sobre la tal querella, y lo que resultare lo notifiquen al tal o tales contra quien se habrá propuesto, y le oigan y admitan su defensión sumariamente. Y hecho esto se ajunten con el señor regente la Real Chancillería en su caso, o con el señor asesor del señor regente el oficio, la general gobernación en el suyo, y le hagan relación de lo que en aquel caso concurre, y del cargo y descargo que resulta contra el tal cofrade o colegial, y en su presencia voten y determinen lo que les pareciere se debe de hacer en dicho negocio, y que lo que los dichos nueve colegiales o la mayor parte de ellos, con el parecer del dicho señor presidente deliberaren, se haga y ponga en ejecución, absolviendo al tal que así habrá sido denunciado, o condenándole a privación perpetua o temporal del ejercicio de la procura y de colegial del dicho y presente Colegio, y a restitución de las cantidades que les habrá constado haber mal llevado, o a otras penas tocantes o que comprendan la facultad tan solamente ..."



























No existía posibilidad de recurso ante la sentencia dictada, y caso de que el inculpado fuese uno de los nueve colegiados más antiguos, era excluido del conocimiento de tal queja y juzgado según lo anteriormente dispuesto, ocupando su lugar como jurado el siguiente colegiado en atención a su antigüedad. Es esta la única ocasión en la que el Colegio buscará ayuda externa, caso de la persona del regente de la Real Cancillería, para satisfacer sus necesidades en política disciplinaria, lo que avala la importancia dada por el Colegio de Procuradores de Zaragoza al buen nombre y justa fama de sus individuos.

Si nos propusiésemos resumir los puntos más significativos de la recopilación de las ordinaciones del año 1620, deberíamos empezar por mencionar la mengua del componente espiritual que hasta ese momento primaba en el Colegio, en gran parte debido a su función como cofradía religiosa, en favor de su crecimiento como asociación de individuos plenamente conscientes de que su interrelación estaba basada en intereses de carácter profesional comunes a todos ellos. Suponen la primera mención estatutaria a un órgano que será durante los próximos siglos de enorme importancia para el Colegio, como es la Academia Jurídico-Práctica, verdadera escuela teórico-práctica para las posteriores generaciones de procuradores, a lo que debe añadirse la instauración de los capítulos generales, reuniones periódicas de todos los colegiados y antecedentes directos de la actual Junta General. De otra parte se crean ciertos cargos directivos del Colegio, al tiempo que se delimitan con mayor rigor las funciones que les son encomendadas, caso del llamador, antecesor del secretario, o el luminero, hoy en día tesorero. Sin embargo, pierden estas ordinaciones en relación con las de 1396 peso punitivo, no tanto en lo que se refiere a la dureza de las penas establecidas como a las causas que las provocan, que resultan sustancialmente menos numerosas. Los castigos mantienen su doble carácter, y pueden suponer la imposición de sanciones económicas o la expulsión del colegiado infractor. Como último apunte de interés decir que se esbozan los primeros lazos de unión entre el Colegio y los órganos de la Administración de Justicia del reino, caso de la obligada presentación de los aspirantes al mismo ante el presidente de la Real Audiencia de Aragón para que éste reconociera sus pretensiones, o de la no menos reglamentaria reunión que los nueve colegiados más antiguos debían mantener con el regente de la Real Cancillería para juzgar a cualquier miembro del Colegio acusado de haber cometido una infracción durante el desempeño de su actividad profesional. Suficientes motivos en su conjunto para reconocer la importancia de esta recopilación, que si bien no llegó nunca a ser refrendada con la rúbrica real, sentó las bases en las que se fundamenta el actual Colegio, amen de ofrecernos interesantes datos que vienen a fortalecer nuestro conocimiento histórico del mismo.

Abramos aquí un breve paréntesis para recorrer los lugares fundamentales en los cuales discurría la vida del Colegio durante la última mitad del siglo XVI y la primera del XVII. El más importante es la sede colegial, sita en el convento de Predicadores desde el ya lejano año de 1396, y de la cual venimos hablando con profusión. Pasaremos por ello a otro de los ámbitos en el que los miembros del Colegio solían reunirse con cierta asiduidad, como son las Casas del Puente, así conocidas por estar ubicadas junto al medieval puente de piedra, construido sobre el río Ebro. El acontecimiento más relevante que en ellas tuvo lugar fue la definitiva aprobación por parte del Colegio de las ordinaciones dadas al mismo por Felipe II, acto que tuvo lugar el cinco de noviembre de 1561. Sin ser unas edificaciones específicamente relacionadas con la vida judicial, pues en ellas se albergaba buena parte del comercio de la ciudad, sí servían en ocasiones como lugar de reuniones de distintos colectivos y asociaciones profesionales, tal y como lo demuestra el hecho de que el Colegio las eligiera para convocar capítulo y establecer en ellas sus normas de gobierno. Quien sí se hallaba íntimamente relacionado con el quehacer judicial era el palacio de la Diputación, sin duda el más alto símbolo del reino de Aragón. Edificio de gran planta según los testimonios que de él nos han llegado, ya que resultó destruido durante los Sitios, se ubicaba junto al palacio arzobispal y la catedral, en la plaza de la Seo, corazón de la vida social zaragozana durante el Antiguo Régimen. En él tenían cabida buena parte de los órganos de justicia de la ciudad, y a él tenían acceso los procuradores, o al menos tal derecho reclamaban, según resulta de un memorial elevado por el Colegio el dieciocho de abril de 1640, en el cual, y alegando la defensa de los fueros y privilegios de sus miembros, exigían el derecho exclusivo a ejercer la procura y la consiguiente inhabilitación de quienes sin ser procuradores abusasen de ello, así como el derecho a reunirse en las casas de la Diputación del reino de Aragón.

En lo referente a la reclamación sobre el exclusivo derecho a ejercer como procuradores ante los tribunales de la ciudad de Zaragoza, no es necesario abundar sobre la enorme transcendencia que la respuesta hubo de tener, máxime si se considera que la misma fue favorable a los intereses de los colegiados. Sabemos que el intrusismo profesional había sido, y todavía lo seguía siendo a mediados del siglo XVII, una de las principales lacras que los procuradores debían padecer durante el desarrollo de su vida profesional. También sabemos por la documentación posterior que la medida adoptada no logró erradicar el intrusismo profesional, pero al menos gracias a ella se evidenció el inequívoco deseo por parte de los órganos de justicia del Reino de fijar exclusivamente en la figura del procurador el derecho a ejercer la representación en juicio, tal y como podemos leer en los siguientes textos.

"En el año 1640 se concedió al Colegio firma de comisión de Corte respecto al derecho privativo y prohibitivo de enantar y llevar solos sus colegiales las causas en los tribunales de aquella ciudad, en conformidad a sus reales ordenanzas y privilegios".

"Este derecho competía al Colegio por las ordenanzas antiguas, y obtuvo firma de comisión de Corte en 18 de abril de 1640, que se le acreditó. Y siendo los más pleitos en primera instancia por el juzgado ordinario, fueron muchos los perjuicios de no dirigirse por procuradores expertos."

La aceptación del procurador como único encargado de ejercer la representación en juicio se consolida jurídicamente en el reino de Aragón con esta disposición, que viene avalada por textos anteriores, caso de las ordenanzas del propio Colegio o de antiguos privilegios de concesión real. La importancia de la medida es tal que, aún a despecho de olvidar o menguar en su valor todo lo que sobre la historia del Colegio hemos venido diciendo hasta el momento, justificaría por sí sola la idea expuesta al comienzo de este apartado, y que no es otra que la consideración del periodo comprendido entre en la segunda mitad del XVI y la primera del XVII, como el tramo histórico en el que se asienta y consolida de manera irrevocable el Colegio de Procuradores de Zaragoza.

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